El costo humano de la prisión política en Venezuela también se mide en madres muertas

Primero desaparecen los hijos. Después comienza el desgaste de las madres. En Venezuela, decenas de mujeres pasaron los últimos años recorriendo cárceles, tribunales militares y organismos de seguridad para exigir información sobre familiares detenidos por motivos políticos.

Muchas quedaron atrapadas durante meses —o años— en el circuito de incomunicación, amenazas, trámites opacos y silencio estatal del régimen chavista. Algunas murieron en medio de esa espera.

La confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un detenido cuyo paradero fue reclamado públicamente durante meses por su madre, Carmen Teresa Navas —quien también murió tras un prolongado desgaste físico y psicológico atravesado por la búsqueda de su hijo—, volvió a exponer un patrón cada vez más visible: la prisión política venezolana ya no castiga únicamente a quienes son encarcelados. También consume a sus familias.

Durante meses, Carmen Teresa Navas repitió la misma pregunta ante organismos públicos, ruedas de prensa y organizaciones de derechos humanos: dónde estaba su hijo y si seguía con vida. Víctor Hugo Quero Navas había sido detenido en enero de 2025 y permaneció incomunicado desde entonces, sin información oficial sobre su estado de salud, situación judicial o lugar de reclusión.

El caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares tanto para el detenido como para su madre al considerar que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia. Mientras tanto, las autoridades venezolanas continuaban sin ofrecer respuestas claras.

La confirmación oficial llegó meses después. El Gobierno de transición informó que Quero Navas había muerto bajo custodia estatal en julio de 2025, presuntamente por una insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar. Para entonces, el caso ya se había convertido en símbolo de otro fenómeno menos visible: el desgaste físico y psicológico que enfrentan las madres de presos políticos en Venezuela.

No fue un caso aislado.

Meses antes, otras tres mujeres murieron mientras esperaban —o apenas alcanzaban a recibir— noticias sobre la liberación de sus hijos: Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas.

Las tres atravesaron años de incertidumbre, protestas y presión constante en medio de procesos judiciales opacos y detenciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

Carmen Dávila tenía cerca de 90 años cuando su hijo, el médico Jorge Yéspica, recuperó la libertad tras más de un año detenido. Durante meses había participado en protestas públicas exigiendo su liberación y denunciando el deterioro de salud del médico dentro de prisión.

Cuando finalmente se produjo la excarcelación, ella permanecía internada tras sufrir una crisis relacionada con la presión arterial. Yéspica logró llegar al hospital para verla, pero ya estaba inconsciente. Murió dos días después.

Un día antes había fallecido Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco, detenido desde las protestas postelectorales de 2024 y recluido en Tocorón. Salas sufrió un infarto después de participar en una vigilia frente al penal mientras esperaba noticias sobre una posible liberación.

Su hijo salió de prisión días después. No llegó a despedirse.

El 27 de enero se conoció además la muerte de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien había sido excarcelado tras pasar cuatro años detenido en una causa cuestionada por organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa.

Durante la reclusión de su hijo, Omaira Navas se convirtió en una de las voces más activas reclamando atención médica y celeridad judicial. Tras la liberación, sufrió un accidente cerebrovascular y murió pocos días después. Las coincidencias comenzaron a formar un patrón.

En Venezuela, la prisión política dejó de afectar exclusivamente a quien permanece tras las rejas. El castigo se expandió hacia las familias mediante una combinación de incomunicación, retrasos judiciales, traslados sin notificación, aislamiento y ausencia deliberada de información oficial.

En muchos casos, los familiares pasaban meses sin saber dónde estaban los detenidos, si habían recibido atención médica o incluso si seguían vivos. La incertidumbre dejó de ser una consecuencia del sistema para convertirse en parte del castigo.

Las madres terminaron ocupando el lugar más visible de esa búsqueda. Fueron quienes sostuvieron protestas frente a cárceles, hablaron ante cámaras, recorrieron tribunales y organismos de seguridad, denunciaron desapariciones y presionaron por pruebas de vida mientras el Estado respondía con silencio o intimidación.

El desgaste no fue solamente emocional.

La presión prolongada, el estrés extremo y la incertidumbre permanente comenzaron a traducirse en internaciones, crisis cardiovasculares, deterioro físico y muertes ocurridas en medio de procesos que se extendieron durante años.

Por eso las muertes de Carmen Teresa Navas, Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas trascienden la dimensión familiar. Exponen el impacto prolongado de un sistema represivo que convirtió la espera en una herramienta política.

La cárcel no terminaba en el detenido.

También continuaba afuera, sobre las madres que dedicaron sus últimos años a intentar encontrar, proteger o liberar a sus hijos.