La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la amnistía “llega a su fin”, dos meses después de la aprobación de la ley, que no contempla una caducidad definida, y mientras existen 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
Rodríguez no detalló ni explicó en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero. Indicó que los casos “excluidos expresamente” en el texto podrán ser tratados en otros espacios, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada el mismo día.
Consideró que la amnistía “ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, a pesar de “voces que buscan perturbar los procesos”.
Rodríguez señaló que la amnistía “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa”, refiriéndose a los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano el 3 de enero, durante los que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años, desde 1999 —año en que el chavismo llegó al poder—, pero solo se aplica a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos. Esto excluye el resto del tiempo señalado, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
Arreaza también informó que se recibieron 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que cumplen con los delitos y períodos establecidos en la legislación. Añadió que continúan “recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país”.
Las autoridades no han publicado un listado oficial de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.
La ONG Foro Penal sostiene que, según sus registros, menos del 25% de las excarcelaciones de este año en Venezuela se deben a la Ley de Amnistía.
La normativa advierte en su último artículo que las personas beneficiadas que incurran “en delitos cometidos con posterioridad” a la entrada en vigencia del texto “serán procesadas”.
Rodríguez instaló una comisión que realizará una “gran consulta” para reformar la justicia penal, con el objetivo de superar los “males que persisten” en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
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