
A una administración pública que ya marchaba a media máquina, el gobierno interino de Delcy Rodríguez prácticamente le acaba de bajar el interruptor en el marco del plan de ahorro de electricidad y agua que aplica para mitigar la crisis de los servicios públicos en Venezuela.
Distintas instituciones del Estado venezolano están trabajando la mitad de la jornada habitual o solo tres días a la semana. Por citar un ejemplo: El Ministerio de Educación Universitaria impuso a sus dependencias, incluidas universidades experimentales, politécnicas y colegios e institutos universitarios, un “esquema de trabajo interdiario con jornada parcial”. Esto es, funcionarán lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía.
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Junior Abreu, presidente de la asociación de profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales en el estado Barinas, señala que esta medida no solo crea malestar y complica las actividades regulares, sino que deja en evidencia la desorganización del gobierno, pues en ocasiones los cortes de luz ocurren precisamente en las únicas horas en las que deberían estar cumpliendo sus labores.

Abreu recuerda que antes de que se desplegara este nuevo plan de ahorro, los organismos públicos operaban con severas limitaciones “por los bajos sueldos que percibe el personal”.
El caso más emblemático se presentó en el sistema educativo venezolano con el llamado “horario mosaico”, donde los maestros asistían a clases tres o cuatro días a la semana en unos horarios reducidos, lo que les permitía dedicar el resto del tiempo a actividades más lucrativas.
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El 21 de marzo, Delcy Rodríguez anunció la activación de un plan de ahorro de energía eléctrica. Lejos de amainar, la situación empeoró y el 2 de agosto volvió a lanzar “un plan de ahorro de energía eléctrica y agua, para promover la conciencia y el compromiso de cada venezolano en el uso responsable de estos recursos”.
El régimen chavista argumenta que el deterioro de los servicios responde a causas climáticas, el impacto de los terremotos del 24 de junio y las sanciones económicas de Estados Unidos.
Sin embargo, esta emergencia comenzó en 2009 y los expertos afirman que es producto de la falta de planificación y mantenimiento, la incapacidad de las autoridades y los mil millonarios escándalos de corrupción en proyectos que jamás se culminaron.
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Estancado
En el estado Amazonas, al sur del país, la gobernación, la alcaldía de la capital y otros entes atienden al público de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pero eso no guarda relación con las restricciones establecidas por Delcy Rodríguez. “Después de la pandemia, las instituciones se quedaron estancadas en ese horario”, cuenta el periodista Mickey Véliz, de 42 años.
Véliz aclara que en su región “no hay un plan, simplemente suspenden el servicio eléctrico y eso nos cae de sorpresa”. Pese a los malos ratos sufridos, admite que los amazonenses tienen suerte. “Solo nos quitan la luz tres o máximo cuatro horas”, dice, consciente de que en otras zonas del país las interrupciones se extienden por cinco horas o más al día.
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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) también se plegó a la jornada reducida, lo mismo que la Defensoría del Pueblo. “Nosotros vamos a colaborar con el ahorro energético, pero sin sacrificar la defensa de los derechos fundamentales que incluye justamente el tema de los servicios públicos”, acotó un representante del organismo.
Hasta la fecha, Caracas es la única ciudad que se ha salvado de los cortes de luz, situación que ha generado ciertos roces con los habitantes del interior de la República. Al momento de anunciar que se ajustaría al horario especial, la alcaldesa de la capital, Carmen Meléndez, manifestó que espera que “lo que ahorremos vaya a los estados que tienen administración de carga”.
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