
Más oscuro que el petróleo. “La magnitud de los recursos generados por la renta petrolera venezolana en 2026 contrasta con la opacidad casi total sobre su administración, tanto en el diseño institucional del Fondo Petrolero como en el manejo de los ingresos que corresponden al Estado venezolano”, advierte en un informe la ONG Transparencia Venezuela.
¿Cuál es el verdadero monto de la factura petrolera venezolana durante 2026? ¿Y cuánto de ese dinero ha sido transferido al régimen chavista? No hay una respuesta oficial a esas interrogantes.
El 9 de enero, seis días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, la administración de Donald Trump constituyó un Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (conocido como Fondo Petrolero) para administrar los ingresos venezolanos por exportación de petróleo, gas y minerales.
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Aunque en un principio se habló de enviar el dinero a una cuenta en Catar, pronto se resolvió que los recursos se depositarían en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para marcar la singularidad de esta iniciativa, Transparencia Venezuela subraya las diferencias que existen con casos como el programa Petróleo por Alimentos que se aplicó en Irak en 1995 y el Fondo para el Pueblo Afgano de 2022.
“El Fondo Petrolero venezolano no cuenta con un mecanismo de gobernanza especial, ya que no se trata de la administración de fondos humanitarios de terceros, sino de fondos venezolanos protegidos por Estados Unidos”, precisa la ONG.
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Números
El diario Financial Times estima que Washington ha recaudado unos 13 mil millones de dólares por la comercialización del crudo venezolano. Al ser consultado sobre ese monto, el presidente Trump respondió: “¿13 mil millones de dólares de Venezuela? Creo que más de eso (…) Hemos pagado por esa guerra muchas veces. Y eso va a pasar con Irán también. Hemos pagado por la guerra muchas veces”.
Transparencia Venezuela hizo sus propios cálculos: 15.166,8 millones de dólares en ventas por exportaciones, de los cuales entre 12 mil y 13 mil millones de dólares ingresaron al Fondo Petrolero, y entre 6 mil y 8 mil millones de dólares llegaron a las arcas del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
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“La producción petrolera pasó de 924 mil barriles diarios (b/d) en enero a 1.187.000 b/d en junio (+28,5%), mientras que las exportaciones alcanzaron los 1.254.000 b/d en mayo, con una variación de 70% respecto de enero. En el semestre se habrían producido unos 196,26 millones de barriles y exportado 190,52 millones”, sustentan sus cómputos.
Agregan que “el Banco Central de Venezuela publicó, tras siete años de incumplimiento, que la balanza comercial del primer trimestre registró USD 5.491 millones por exportaciones petroleras, para el segundo trimestre, el precio promedio del crudo venezolano fue de USD 86,62 por barril”.
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Transparencia Venezuela indica que “la Orden Ejecutiva de Estados Unidos otorga al Departamento de Estado la definición de la política de erogaciones y al Departamento del Tesoro su ejecución operativa”; sin embargo, ninguno de los dos organismos ha publicado las normas que regulan estas funciones.
Recuerda que el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró ante el Senado norteamericano que “los desembolsos consideran solicitudes mensuales del gobierno de Venezuela, lo que sugiere que la ejecución del presupuesto público venezolano depende de las transferencias del Fondo”.
Hasta la fecha, solo se tiene el registro oficial de unos 300 millones de dólares que el régimen chavista admitió haber recibido para un fondo de protección social. El monto equivaldría al 2% de lo que se cree ha generado el Fondo Petrolero.
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La Orden Ejecutiva protege el dinero ante acreedores y demandas, pero Transparencia Venezuela “no identificó que el gobierno de Delcy Rodríguez cuente con algún mecanismo de rendición de cuentas que permita conocer el monto administrado por el Fondo ni el destino de los recursos”.
El diario ABC de Madrid informó que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) del Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre el Fondo Petrolero venezolano.
¿Dónde?
El economista Asdrúbal Oliveros apunta que el dinero que transfiere la Casa Blanca al régimen chavista “se destina principalmente al mercado cambiario y a la recuperación de la industria petrolera”.
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“La sensación de frustración de buena parte de la sociedad sigue siendo comprensible. Los hospitales continúan necesitando inversiones. Las escuelas siguen deterioradas. Las carreteras muestran años de abandono. Los sistemas eléctrico y de agua potable operan con enormes limitaciones. Los salarios públicos permanecen muy lejos de lo necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido”, enumera el experto.

Oliveros sostiene que “Venezuela no enfrenta un problema de miles de millones de dólares. Enfrenta un problema de decenas de miles de millones de dólares”.
“Después de más de veinte años de políticas públicas ineficientes, corrupción, pérdida de capacidad institucional y destrucción de capital físico, el país acumuló un déficit de inversión gigantesco. A ese panorama se suman ahora las necesidades derivadas de la reconstrucción tras los terremotos de junio, que por sí solas exigen recursos equivalentes a varios puntos del PIB. La conclusión es antipática: aunque el flujo petrolero haya mejorado, sigue siendo insuficiente para cubrir el tamaño del deterioro acumulado”, enfatiza el consultor.
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Medidas
Transparencia Venezuela propone “conformar una unidad independiente de coordinación, gestión, monitoreo y transparencia de los recursos recibidos por Venezuela, sean del Fondo Petrolero o de ayuda humanitaria”.
A su vez, aboga por la divulgación de “las regulaciones sobre la administración del Fondo Petrolero y los informes de gestión del gobierno de Venezuela, previstos en la Orden Ejecutiva”, y exige a Petróleos de Venezuela “un informe sobre las exportaciones amparadas por la Orden Ejecutiva, con identificación de compradores, precio, volumen y condiciones de venta”.

La ONG reclama al Ministerio de Finanzas y al Banco Central de Venezuela que brinden detalles sobre los recursos recibidos desde el Departamento del Tesoro, y a la Contraloría General de la República que “audite los reportes de Pdvsa sobre las ventas amparadas por la Orden Ejecutiva”.
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“Cerrar esa brecha de información es, para Transparencia Venezuela, una condición indispensable para que la recuperación económica del país beneficie a la ciudadanía y no únicamente a la industria y a los actores políticos y económicos que hoy controlan su gestión”, concluye.
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