La ONG Provea denunció que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron al capitán indígena venezolano Julio Rodríguez en la localidad de Mapoyo, en el estado Bolívar, al sur del país.
El hecho ocurrió en la comunidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos, la noche del 2 de agosto, cuando hombres armados se llevaron a Rodríguez por la fuerza.
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“Dos días después, una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada en el sector Vincler. Denuncian que drones sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos. Alirio Rodríguez, adulto mayor, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Los Pijiguaos”, relató la ONG defensora de Derechos Humanos.
Provea destaca que en esa localidad habitan comunidades Mapoyo, Jivi, Huottüja y Baniva, y que su tradición oral fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014. “Hoy enfrenta la presión de la extracción ilegal de coltán, estaño, oro y tierras raras, con yacimientos controlados por grupos armados irregulares”, señalan.
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“Instamos al Estado venezolano a garantizar el retorno seguro del capitán Julio Rodríguez, a expulsar a los grupos armados irregulares que operan en territorio indígena y a detener las actividades mineras ilegales en las áreas adyacentes”, manifestó la ONG.
Zozobra
A través de un comunicado, las autoridades indígenas afirman que fueron víctimas de un “acto de guerra” y que “las familias de la comunidad Jivi Ekunay se encuentran bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente”.
Indican que las disidencias de las FARC “todas las noches hacen presencia” en el sector y “mantienen el control sobre las áreas circundantes y bloquean el acceso a nuestras zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, destruyendo la soberanía alimentaria”.
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Los voceros informaron de esta situación a la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, con el fin de que transmitiera sus inquietudes a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los afectados exigen al Estado que “garantice la soberanía nacional y la paz pública mediante el repliegue y expulsión definitiva de los grupos armados irregulares que operan impunemente en territorio indígena”.
Los representantes de la comunidad demandan a la Fuerza Armada Nacional y los organismos de inteligencia que desplieguen planes de seguridad en coordinación con “las autoridades tradicionales indígenas”, y que ocupen el territorio con un “plan de desarrollo integral” para los habitantes del sector.
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Distensión
La zona del llamado Arco Minero de Venezuela ha estado bastante movida en las últimas semanas. El viernes 12 de junio, el presidente Donald Trump anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua conocido como “Niño Guerrero”, en una operación conjunta ejecutada por fuerzas de Estados Unidos y Venezuela en Las Claritas, estado Bolívar.
La eliminación de “Niño Guerrero” se interpretó como parte de una “limpieza” que estaría llevando a cabo el gobierno venezolano para facilitar la llegada de los inversionistas norteamericanos al negocio de la minería. Sin embargo, el ex diputado opositor Américo De Grazia, aseguró que el lugar dejado por “Niño Guerrero” había sido tomado por otros dos líderes criminales con la complicidad de jefes militares de la entidad.
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En paralelo, dirigentes políticos y sociales del estado Bolívar resaltan que tanto las disidencias de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia siguen activos en la región.
“El secuestro del capitán Julio Rodríguez en Los Pijiguaos fue ejecutado por disidentes de las FARC que operan en nuestros predios a sus anchas, al igual que el ELN, zonas de distensión territorial otorgadas en su momento por Hugo Chávez”, recordó De Grazia.
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