Venezuela elevó a 6.301 la cifra de muertos por el doble terremoto mientras avanza la remoción de escombros

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela subió a 6.301, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes, en una actualización que agregó 176 víctimas fatales al reporte anterior y volvió a poner el foco sobre la magnitud de la emergencia abierta desde el 24 de junio. El dato fue presentado por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, mientras el país mantiene operativos de atención sanitaria, evaluación de daños habitacionales y remoción de escombros, sobre todo en La Guaira, el estado que concentró el mayor impacto de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La actualización oficial también señaló que 73.356 personas han recibido atención en hospitales. A esa cifra se suman las acciones de asistencia habitacional: la cúpula chavista informó la entrega de 287 viviendas para familias afectadas por el doble sismo.

En materia de infraestructura residencial, el régimen chavista indicó que 53.314 viviendas fueron evaluadas por equipos técnicos. De ese total, 31.336 quedaron clasificadas como habitables, 12.411 presentan restricciones de uso y 9.567 fueron catalogadas de alto riesgo.

El volumen de destrucción también aparece en los trabajos de limpieza. Rodríguez informó que las brigadas han retirado 483.525,41 toneladas de escombros. La remoción de restos de construcciones se ha convertido en una tarea central en las zonas más afectadas, donde calles, accesos y sectores costeros todavía arrastran obstáculos para la circulación y el retorno parcial de servicios.

El aumento del número de fallecidos coincidió con un nuevo llamado técnico para revisar las reglas de construcción en el país. El Colegio de Ingenieros de Venezuela planteó este lunes la necesidad de actualizar las normas sismorresistentes y de revisar la planificación urbana. Su presidente, Enzo Betancourt, propuso crear una “Comisión Nacional Sismorresistente” que asuma la evaluación de los colapsos y publique diagnósticos sobre lo ocurrido.

En la nota difundida por esa organización, Betancourt sostuvo que esa instancia debería emitir “informes públicos sobre las causas de los colapsos” y también formular recomendaciones para reforzar la normativa vigente. La propuesta añade otra tarea: revisar leyes de ordenamiento urbano, así como criterios de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificios e infraestructura. La última actualización de las normas sismorresistentes venezolanas se realizó en 2019, según la propia agremiación.

La discusión técnica se da en paralelo con las estimaciones económicas sobre el impacto de la catástrofe. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los dos terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década. Ese cálculo no se limita al costo de reparar inmuebles y servicios: también funciona como una advertencia sobre los efectos prolongados que puede dejar un proceso de rehabilitación incompleto o tardío.

En La Guaira, donde la destrucción alteró barrios enteros y zonas costeras, la respuesta social ha incluido jornadas de limpieza organizadas por voluntarios. Cientos de personas participaron este domingo en una convocatoria impulsada por la fundación Sonrisa de Ángel, con apoyo del proyecto Fuerza Azul, para retirar basura y reducir riesgos sanitarios en espacios públicos. “Procuramos tratar de evitar tantas infecciones en el ambiente”, dijo Yarlín Salazar, fundadora de la organización.

La activista explicó que grupos procedentes de Valencia, Maracay y Caracas ya habían realizado varias jornadas en el estado. Ese domingo, 210 voluntarios se distribuyeron en distintos puntos con bolsas, guantes, lentes de protección, cubrebotas y tapabocas. Jofrer Romero, uno de los participantes y oriundo de la región, resumió el estado de ánimo de parte de la población local con una frase breve: “Todavía estamos rotos pero sentimos esperanza de que el estado pueda otra vez levantarse”.

A la vez, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, informó que en La Guaira operan tres plantas trituradoras con capacidad para procesar más de 600 toneladas de escombros por hora.