La Ley de Amnistía ha muerto. A dos meses de su promulgación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez dio por finalizada la aplicación de la norma que, en teoría, buscaba contribuir con la reconciliación nacional facilitando la excarcelación de centenares de presos políticos.
Rodríguez liquida el texto cuando aún permanecen tras las rejas alrededor de 500 personas por razones políticas, según las estimaciones de organizaciones no gubernamentales. Los defensores de Derechos Humanos advierten que la derogación del instrumento jurídico viola la Constitución venezolana.
La comisión parlamentaria que daba seguimiento a la ley dijo que hasta el 22 de abril recibió 12.187 “solicitudes válidas” de personas que querían ser amparadas por la norma. Según este balance, 8.616 personas fueron beneficiadas con libertad plena.
Delcy Rodríguez detalló que los casos pendientes podrán ser evaluados por el programa de Paz y Convivencia Democrática, recientemente creado por el chavismo, y por la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, dirigida por el flamante fiscal general, Larry Devoe, ficha de confianza de Rodríguez.
La ONG Acceso a la Justicia subraya que la Ley de Amnistía “no fija ningún límite temporal para que los beneficiarios soliciten la amnistía, ni mucho menos establece en su texto una fecha de vencimiento o caducidad”.
“La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes, reserva legal e independencia judicial, además de crear inseguridad jurídica y afectar una expectativa de derecho y justicia que generó la Ley de Amnistía”, exponen.
Liberación plena
El Programa Venezolano de Educación‑Acción en Derechos Humanos (Provea) calificó de “arbitraria e inconstitucional” la decisión tomada por Rodríguez, destacando que “no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.
“La Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, recalcó Provea, tras indicar que esta norma era “un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes”.
Sin voluntad
El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, sostiene que la Ley de Amnistía tuvo un alcance limitado por la falta de voluntad del Ejecutivo y el Parlamento -en manos de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez-, y porque “los órganos de la administración de justicia, que son parte del mismo sistema represivo que hizo necesaria una amnistía, nunca tuvieron en realidad la disposición ni la capacidad de aplicar la ley”.
Foro Penal registra que aún existen 473 presos políticos, incluidos 43 de nacionalidad extranjera, entre los que destaca el abogado argentino Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 y acusado de terrorismo y narcotráfico por las autoridades venezolanas.
Esta ONG, que se ha convertido en la principal referencia en este tema, apunta que “desde el 8 de enero de 2026 se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”.
Inseguridad
Justicia, Encuentro y Perdón, otra asociación importante en la lucha por la libertad de los presos políticos, estima que llegan a 672. La ausencia de cifras oficiales y el temor de las víctimas en denunciar, hace imposible la elaboración de una lista consolidada de detenidos.
“Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”, advierten.
La ONG lamenta que “la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, y enfatiza que “la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.
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