La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo para abordar el litigio entre Guyana y Venezuela sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que estableció la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.
La decisión del tribunal implica un nuevo capítulo en la histórica disputa por el Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, pero reclamada por Caracas como parte de su territorio.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, convocó audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambas partes y determinar la validez del laudo, en un proceso que podría definir el futuro de la frontera y la soberanía sobre una zona estratégica para la explotación de hidrocarburos.
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El fiscal general de Guyana, Mohabir Anil Nandlall, anunció que se integrará al equipo de abogados internacionales que representará al país en las sesiones previstas en La Haya.
En marzo de 2018, Guyana presentó una demanda ante la CIJ, solicitando que se reconozca la “validez jurídica y el efecto vinculante” de aquel laudo, además del carácter definitivo de la delimitación fronteriza.
Georgetown fundamentó su reclamo en el Acuerdo de Ginebra, considerado un instrumento internacional vinculante, depositado ante Naciones Unidas y apoyado en los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional.
Venezuela, en cambio, informó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y decidió no participar en el procedimiento, lo que obligó a la CIJ a determinar primero su competencia sobre el caso.
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La tensión aumentó cuando en diciembre de 2023, Venezuela concretó el referéndum para anexionar el Esequibo y, poco después, designó un gobernador para la región en las elecciones regionales de Caracas. En respuesta, en marzo del año pasado, Guyana presentó una nueva solicitud de medidas cautelares tras el anuncio venezolano de celebrar elecciones en el área en disputa.
Dos meses después, la CIJ reafirmó sus medidas cautelares y exigió a Venezuela abstenerse de organizar o preparar comicios en el territorio bajo controversia.
En febrero de este año, las compañías estadounidenses ExxonMobil y Chevron expresaron durante un encuentro energético en Georgetown su intención de colaborar con las autoridades locales para impulsar la industria del petróleo y responder al crecimiento de la demanda global.
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Guyana ha experimentado un aumento en su producción petrolera, pasando de 120.000 barriles diarios a más de 900.000 entre 2020 y 2025, con reservas estimadas en 11.000 millones de barriles de crudo. Esta expansión ha incrementado el atractivo de la región y añadido presión al conflicto diplomático con Venezuela.
(Con información de EFE)
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