Los desaparecidos en la revolución bolivariana: casos emblemáticos cuyas familias no volvieron a saber de ellos

Con Nicolás Maduro Moros en el poder, comenzó a crecer una lista de personas desaparecidas tras ser detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Se trata de dirigentes políticos, empresarios y militares de quienes, años después, no hay rastro conocido.

En esa larga cadena de denuncias por desapariciones forzadas vinculadas al sistema carcelario, aparecen casos en los que las familias aseguran no haber recibido nunca una llamada, un mensaje, ni siquiera a través de algún excarcelado o custodio, y mucho menos una comunicación de autoridades policiales o judiciales.

La llamada revolución bolivariana, impulsada por Hugo Rafael Chávez y un grupo de comandantes que alcanzó el poder en 1998 con un discurso de humanismo, y que ahora representa en el interinato Delcy Eloína Rodríguez Gómez, enfrenta hoy señalamientos por casos de desaparecidos que ni siquiera son mencionados oficialmente.

Los nombres de Alcedo Mora y de los hermanos Vergel figuran entre los primeros reportes de desaparición en manos de cuerpos de seguridad. A Hugo Enrique Marino Salas se lo llevó la Dgcim del aeropuerto de Maiquetía, el 20 de abril de 2019.

La familia del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos mantiene la esperanza de encontrarlo desde que el general Vladimir Padrino López aseguró que había sido degradado y expulsado, junto a otros 32 militares, en el patio del Fuerte Tiuna. Y Carmen Teresa Navas recorre cárceles desde enero 2025 en busca de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.

Mientras algunas familias no se cansan de buscar y otras sostienen reclamos de justicia durante años, la historia ofrece paralelos: en Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo, con su pañoleta blanca, hicieron visible desde los años setenta la exigencia de saber dónde estaban los desaparecidos de la dictadura de Jorge Rafael Videla. También hay madres buscadoras en contextos de guerra y violencia, como en Siria y Colombia, con desaparecidos atribuidos a guerrillas y paramilitares.

En México, la crisis de desapariciones ligada al narcotráfico dio origen a colectivos de búsqueda con alta exposición pública, reactivada tras hallazgos como el del llamado “rancho del horror” de Teuchitlán.

Casi ocho años

La familia del teniente coronel (Ej) Juan Antonio Hurtado Campos asegura no tener noticias de él desde el 4 de septiembre de 2018, cuando el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, teniente coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, lo sacó del Palacio de Miraflores.

Han pasado siete años y siete meses entre la angustia y la expectativa de sus seres queridos, quienes mantienen la esperanza de que el oficial esté recluido, sin registro público, en alguna de las cárceles del país, atrapado entre traslados y expedientes.

Dora Hurtado, hermana del militar, recuerda que Juan Antonio estaba de vacaciones cuando ocurrió el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros el 4 de agosto de 2018. Meses antes, añade, había regresado de Rusia tras cumplir una comisión de trabajo.

La única referencia institucional conocida por la familia llegó el 24 de enero de 2024, cuando el entonces ministro de la Defensa, GJ (Ej) Vladimir Padrino López, informó en un comunicado que el día anterior habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada 33 militares, entre activos y retirados.

Padrino los señaló como “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano”.

En la lista figuraba Hurtado Campos, un nombre del que durante seis años no había trascendido información pública. Sus familiares interpretaron la mención como una señal de vida: el texto precisaba que el 23 de enero, a las 10:30, en el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, en Fuerte Tiuna (Caracas), “se llevó a cabo el acto de Degradación y Expulsión” de los 33 militares.

Sin embargo, desde enero de 2024 la familia afirma no haber vuelto a ver su nombre en documentos oficiales ni a escuchar a funcionarios referirse al caso. También aseguran que no han recibido llamadas y que ninguno de los excarcelados les ha dicho haberlo visto.

El sargento primero (Ej) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, quien integró durante nueve años la Guardia de Honor Presidencial (GHP), es el único que dice haber presenciado la detención. Según su versión, Hurtado Campos estaba de servicio en Miraflores cuando se lo llevó una comisión de la Dgcim el 4 de septiembre de 2018.

Se lo llevaron del aeropuerto

Han pasado siete años y Beatriz Salas no ha cesado de reclamar al régimen venezolano por el paradero de su hijo Hugo Enrique Marino Salas, un buzo profesional, economista e ingeniero italo-venezolano desaparecido el 20 de abril 2019.

Lo único claro del hecho es que Hugo Marino viajó desde Miami y llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Venezuela donde fue abordado por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Desde entonces desapareció.

Marino, quien dirigía la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), especializada en rescates marítimos, desaparece cuando investigaba el siniestro aéreo en el que falleció el hijo del ministro Miguel Pérez Abad.

Elizabeth Márquez y Daniel, esposa e hijo de Marino, así como su madre Beatriz Salas, se pronunciaron a través de un video, al cumplirse siete años de su desaparición.

“Por lo menos díganme qué hicieron con Hugo. ¿Dónde lo tienen?”, dijo la madre del submarinista desaparecido, quien solicitó al Fiscal General, Larry Daniel Devoe Márquez y a la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, que el Estado les dé razón de qué pasó con Hugo Marino.

Batería y los Vergel

Luis Alcedo Mora Márquez mejor conocido como Batería, era un dirigente social que pertenecía a Ruptura, y desaparece el 27 de febrero 2015, cuando supuestamente fue detenido al salir de una reunión que sostuvo en la Gobernación de Mérida con el entonces secretario general de Gobierno, Luis Martínez, donde denunció el contrabando de combustible.

Alcedo Mora había comentado a su familia y amigos que tenía información de una orden de captura en su contra por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Familiares y amigos de Batería han sostenido, en conversaciones con Infobae, que Alcedo estaba denunciando el tráfico de gasolina desde el Estado Mérida hacia la frontera con Colombia y que habría recibido amenazas por parte de gente relacionada con el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Darío Ramírez Carreño, para que no siguiera hablando del tema.

El día que Mora desaparece se conmemoraba cinco años de la Masacre de Onia y 26 del Caracazo. Dos días después también desaparecen los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, quienes eran desplazados colombianos y en varias ocasiones realizaban trabajos con Alcedo Mora.

Dany Vergel, hermana de los Vergel desaparecidos, dice que a Jesús Esneider se lo llevaron, de la finca donde trabajaba. “Fue en una camioneta del Sebin, el 2 de marzo 2015”. A Eliécer lo habrían detenido en el Terminal de Pasajeros. “Nunca más los volvimos a ver”.

Una sobrina del luchador social, Johana Rojas Mora relató años después que ese 27 de febrero la esposa de su tío Alcedo “recibió un mensaje muy extraño que daba cuenta de que estaba en un sitio contra su voluntad: dijo algo así como ‘rodilla en suelo’, expresión que Batería jamás había utilizado”, la llamada se cortó y nunca más volvieron a saber de él. Tampoco de sus amigos los hermanos Vergel.

El atroz silencio

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años y comerciante, fue detenido el 1 de enero de 2025, en el centro de Caracas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los testigos de la detención dijeron que los funcionarios se lo llevaron sin mostrar orden judicial.

Carmen Tersa Navas, madre de Víctor Quero ha acudido a diversos organismos e instituciones estatales, incluyendo el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Defensoría del Pueblo y a las instalaciones carcelarias.

No ha obtenido respuesta alguna sobre el paradero de su hijo. Lo que sí ha recibido son maltratos, intimidación y negativas reiteradas a brindar información oficial.

El 23 de octubre de 2025, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, acudió al Ministerio Público donde fue informada de la existencia de un expediente contra Víctor Quero y que se encontraba recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, imputado por traición a la patria, conspiración y terrorismo.

El 7 de abril 2026, el Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negó a recibir un recurso de hábeas corpus alegando que “eran las instrucciones superiores”.

Varias personas, incluyendo personas excarceladas del mismo centro donde estuvo Quero Navas, aseguran que en noviembre lo vieron en condiciones de salud críticas, presentando deterioro físico y sin acceso a atención médica. Creen que falleció bajo custodia estatal el 11 de noviembre de 2025 por falta de tratamiento médico para la tuberculosis.

Exigiendo respuestas al Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia para proteger los derechos de Víctor Hugo Quero Navas, detenido en Venezuela el 1 de enero de 2025.

El 18 de abril 2026, la CIDH aprobó las medidas cautelares para Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Hugo Quero Navas; el documento lo suscriben los vicepresidentes Andrea Pochak y José Luis Caballero Ochoa, así como Gloria Monique de Mees, Riyad Insanally y Marion Bethel.

La familia de Quero Navas afirma que, desde su detención perdió contacto con él y desconoce su paradero oficial, estado de salud, condiciones de reclusión y situación jurídica.

La petición también alerta sobre presuntas intimidaciones por parte de funcionarios estatales contra su madre, Carmen Teresa Navas de 82 años. La CIDH consideró que Navas y su hijo se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, al estimar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de sufrir un daño irreparable.

La Comisión pidió a Venezuela protegerlo, tanto su vida como integridad personal; confirmar la ubicación y circunstancias de detención; garantizar condiciones compatibles con estándares internacionales: comunicación con familiares y defensa, acceso al expediente, información sobre cargos y presentación ante tribunal.

Instó a Venezuela a implementar medidas para que Carmen Teresa Navas pueda continuar con la defensa de los derechos de su hijo sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones u otros hechos de violencia.

El Estado venezolano no ha respondido.