Un grupo de opositores venezolanos pidió la definición inmediata de una fecha para elecciones presidenciales y un aumento del salario mínimo, que permanece congelado desde 2022.
La solicitud se realizó en Maracaibo, donde integrantes del Movimiento Zulia Humana y antiguos presos políticos reclamaron al Gobierno de transición que fije el cronograma electoral y revise la política salarial oficial.
“La sociedad demanda elecciones libres y transparentes”, afirmaron los voceros opositores durante el evento. Eduardo Labrador, profesor y portavoz del grupo, instó al Ejecutivo a concretar la convocatoria electoral.
Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas durante el mandato de Hugo Chávez, sostuvo que es viable mejorar el ingreso mínimo: indicó que el Estado puede ejecutar el incremento mediante políticas económicas, aunque evitó precisar cifras por la ausencia de información oficial para calcular un monto.
El salario mínimo en Venezuela equivale a 27 centavos de dólar, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), y su deterioro fue central en el pronunciamiento de los opositores.
La canasta alimentaria para una familia de cinco integrantes superó USD 690 en marzo, lo que representa un crecimiento del 7,2% respecto al mes anterior y evidencia el desfase entre el ingreso mínimo y el costo de vida.
Venezuela atraviesa un contexto de inflación persistente y una hiperinflación que, entre 2017 y 2021, provocó aumentos mensuales de hasta 196,6% y forzó la adopción informal del dólar estadounidense en la vida cotidiana.
La política salarial oficial se ha basado en la entrega de dos bonificaciones a empleados públicos, que suman USD 190 y se pagan en bolívares al tipo de cambio oficial.
Esta modalidad no incide en los beneficios laborales y ha sido criticada por gremios y organizaciones sociales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se realizará un aumento “responsable”, sin precisar si afectará al salario mínimo o solo a las bonificaciones.
Además, a la exigencia de elecciones se sumaron otras instituciones. El fin de semana la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) solicitó la convocatoria inmediata a comicios presidenciales, argumentando que la continuidad indefinida de una autoridad no electa vulnera el principio democrático y la soberanía popular reconocidos en la Constitución.
El consejo de la facultad, encabezado por Juan Carlos Apitz e Iván Harting, subrayó que el artículo 63 establece el derecho al voto y que, tras más de 90 días de vacancia en la Presidencia, la Asamblea Nacional no ha resuelto la situación.
La UCV también reclamó la conformación de un ente electoral autónomo, la habilitación de todos los partidos políticos y el respeto al derecho al voto de los venezolanos en el exterior, quienes, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alcanzaban 7,9 millones a finales de 2025.
La Fuerza Armada Nacional de Venezuela, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM) denunció una ruptura del orden constitucional y solicitó la restitución del Estado de Derecho. En su manifiesto, el grupo planteó la necesidad de elecciones con una depuración previa del Consejo Nacional Electoral (CNE) del registro de votantes y la liberación de presos políticos.
El presidente del FIM, Juan Antonio Herrera Betancourt, junto a otros altos mandos retirados, cuestionó la legitimidad de la autoridad en ejercicio.
Además, señaló que la soberanía reside en el pueblo y que el 10 de enero de 2025 se vulneró la voluntad popular cuando la Asamblea Nacional juramentó a Delcy Rodríguez y omitió la toma de posesión de Edmundo González Urrutia, opositor electo.
Los militares enfatizaron que el país requiere la conducción de un proceso electoral a cargo de una directiva sin militancia partidista ni afinidades políticas públicas, y solicitaron el reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular.
Sin embargo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró el 2 de marzo que no era urgente definir el calendario de comicios, relegando la discusión.
La presión social se ha manifestado en protestas y carteles callejeros que reclaman libertad y el fin de la persecución política. El FIM y la UCV coincidieron en exigir la liberación de presos políticos y la apertura del sistema electoral a todos los ciudadanos, incluidos quienes residen fuera del país.
(Con información de EFE)
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