El Parlamento venezolano abrió el proceso para renovar magistrados del Tribunal Supremo

La Asamblea Nacional de Venezuela activó este martes el procedimiento para cubrir plazas vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo órgano del poder judicial del país, sin que el oficialismo precisara cuántos cargos están disponibles ni en qué salas. La cámara, controlada por el chavismo, designó una comisión preliminar de once diputados encargada de instalar el Comité de postulaciones judiciales, el organismo constitucional que debe convocar candidatos, evaluarlos y elevar una propuesta al Parlamento para la designación definitiva.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, reconoció que existen “algunas plazas vacantes” de magistrados principales y suplentes, pero se limitó a señalar que obedecen a “distintas circunstancias”, sin ofrecer más detalles. El proceso se enmarca, según sus palabras, en la “reforma judicial profunda” que lidera la presidenta encargada Delcy Rodríguez, orientada a la “estructuración de un sistema de justicia justo”. La comisión preliminar quedó presidida por el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, acompañado por otros seis parlamentarios del PSUV, dos representantes de la oposición minoritaria y dos de la bancada Libertad.

La Constitución venezolana establece un procedimiento escalonado: el Comité de postulaciones hace una convocatoria pública, evalúa credenciales y remite una preselección al Poder Ciudadano —integrado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría—, que elabora una segunda lista antes de enviarla al Parlamento para la votación definitiva. Cada magistrado debe ser elegido con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados, mayoría que el bloque chavista controla sin necesidad de apoyos opositores.

La apertura del proceso se produce en un contexto de acumulación de nombramientos institucionales. En semanas recientes, la Asamblea designó al nuevo fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, ambos con el respaldo de la mayoría chavista. En marzo, Delcy Rodríguez nombró ministro del Trabajo al magistrado de la Sala de Casación Social Carlos Alexis Castillo Ascanio, decisión que la ONG Acceso a la Justicia calificó de inconstitucional por vulnerar la separación de poderes y la prohibición expresa de que los jueces ejerzan cargos en el Ejecutivo. Ese traslado habría generado al menos una de las vacantes que ahora se pretenden cubrir.

El anuncio llega dos meses después de la promulgación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional. La norma prevé beneficiar a personas vinculadas con trece episodios de crisis política entre 1999 y 2025, aunque excluye casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. El gobierno interino cifra en más de 8.000 los amnistiados, aunque no ha publicado ningún listado oficial con sus identidades, pese al reclamo del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

La ONG Foro Penal contabilizaba al 13 de abril 477 personas aún detenidas por motivos políticos, entre ellas 43 extranjeras o con doble nacionalidad, y advirtió que la ley de amnistía opera como un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad” de muchos de esos presos. La renovación del TSJ se produce, así, mientras persisten las tensiones entre las promesas de apertura del gobierno interino y las denuncias sobre obstáculos reales en su aplicación.