La Justicia de Venezuela le otorgó la libertad condicional al opositor Rafael Ramírez, ex alcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia. Ramírez permanecía en arresto domiciliario desde agosto del año pasado tras haber sido detenido en octubre de 2024.
También recibió liberación con restricciones el ex director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso, quien compartía la situación procesal de Ramírez.
Ambos deberán presentarse cada 30 días ante el tribunal y tienen prohibido salir del país, según el equipo de Ramírez, que aún desconoce los detalles de la sentencia.
“Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil”, expresó Ramírez a la prensa frente al Palacio de Justicia de Maracaibo, agradeciendo a Dios, a su familia y a quienes lo apoyaron.
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Ramírez manifestó que no hay “nada que celebrar”, ya que todavía existen “muchos presos políticos” en Venezuela y llamó a continuar luchando por su libertad.
“Tenemos que seguir creyendo en que esta Venezuela va a cambiar, en que esta Venezuela está próxima a que se logren los objetivos que tienen que ver con el cambio político que necesita este país”, agregó.
Consideró que el país “necesita reconciliarse” y que para ello resulta imprescindible “un proceso de elecciones libres que permitan que todos” puedan votar “por quienes son los verdaderos representantes del pueblo”.
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Tras un año y medio detenidos y tres días de juicio, sentenció: “Salimos íntegros, salimos decididos, salimos alegres, salimos convencidos de que el cambio está llegando”.
Las detenciones de Ramírez y Barroso ocurrieron durante la crisis política posterior a las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro —actualmente detenido en Estados Unidos— fue proclamado ganador por el organismo electoral, afín al chavismo, sin publicar resultados desagregados.
El Ministerio Público había acusado a Ramírez de “graves hechos irregulares” vinculados con corrupción.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, sostuvo entonces que la Alcaldía de Maracaibo entregaba recursos provenientes de impuestos y del cobro de servicios urbanos a “partidos políticos de la extrema derecha”, como suele denominar el oficialismo a la oposición mayoritaria.
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El Gobierno anunció que la semana pasada la Justicia otorgó “medidas alternativas” a la privación de libertad para 51 personas, en respuesta a denuncias por la lentitud en el proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la Convivencia y la Paz, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
De acuerdo con un comunicado oficial, estas medidas fueron solicitadas para personas “procesadas o condenadas” por delitos relacionados con “atentados contra la institucionalidad democrática”, sin detallar identidades ni las medidas aplicadas.
La amnistía aprobada en febrero por el Parlamento excluye casos vinculados a operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
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