Amnistía Internacional denunció que el régimen venezolano mantiene intacta su maquinaria represiva pese a la excarcelación de presos políticos

Cerca de cuatro meses después de que tropas estadounidenses detuvieran a Nicolás Maduro y lo trasladaran a una cárcel federal de Nueva York, el régimen de Venezuela no ha desmantelado las estructuras de represión que caracterizaron al chavismo durante más de dos décadas. Así lo denunció el martes Amnistía Internacional durante la presentación en Bogotá de su informe anual, en el que la directora de investigación para las Américas de la organización, Valentina Ballesta, afirmó que el aparato represivo sigue totalmente vigente bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La advertencia llega cuando el ejecutivo de Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero— presume de haber promulgado en febrero una ley de amnistía que, según cifras oficiales, ha beneficiado a más de 8.000 personas. Sin embargo, Foro Penal contabiliza 477 presos políticos que permanecen en prisión, entre ellos casos en los que las solicitudes de amnistía fueron rechazadas o revocadas con posterioridad a su aprobación inicial. La organización denunció el 17 de abril que al menos 485 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos.

La ley, denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero, no opera de forma automática: cada caso debe tramitarse individualmente ante un tribunal. Esa condición, señala Ballesta, ha convertido el mecanismo en un instrumento de control más que en una vía de liberación genuina. Se aplica de manera discrecional para decir qué personas deben ser liberadas y quiénes no, sostuvo la investigadora durante la presentación del informe en Bogotá.

La norma fue impulsada bajo presión de Washington, que condicionó el alivio de sanciones económicas al avance en materia de derechos humanos. Rodríguez la calificó en su momento como un acto de grandeza. Foro Penal, en cambio, registró 673 excarcelaciones de presos políticos desde la captura de Maduro hasta mediados de abril. La brecha con los 8.000 beneficiados que proclama el gobierno refleja la disputa abierta sobre qué casos quedan dentro o fuera del alcance real de la amnistía.

Entre los casos documentados por Amnistía Internacional figuran los de las hermanas Samantha y Aranza Hernández, de 16 y 19 años, detenidas desde noviembre de 2025 con cargos de terrorismo y a quienes se les negó la amnistía. También menciona al periodista Rory Branker y al activista Javier Tarazona, excarcelados pero con solicitudes rechazadas formalmente, y a Martha Lía Grajales, de la ONG SurGentes, amnistiada pero cuyo teléfono sigue siendo sometido a peritajes por la Fiscalía.

Otro frente sin resolver es el del Helicoide, la prisión espiral de Caracas operada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y documentada durante años por organismos de derechos humanos como un centro de torturas. Rodríguez anunció su cierre a finales de enero como parte del proceso de reconciliación nacional, y el gobierno informó en febrero del inicio de obras de reconversión del edificio. Sin embargo, según denunció Amnistía Internacional, el centro continúa operando como lugar de detención.

La organización también alertó sobre cambios en el gabinete interino que, a juicio de Ballesta, pareciera apuntar a una consolidación de algún tipo de control sobre la población. La renovación de la Fiscalía General, señalada por analistas como un caso paradigmático, implicó la salida de un funcionario cercano a Maduro para dar paso a otro de la órbita de los Rodríguez, quienes concentran el control de la presidencia encargada y de la Asamblea Nacional. Para Amnistía Internacional, mientras no exista un desmantelamiento real de las políticas represivas, los gestos de apertura seguirán careciendo de sustancia.