La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha acuñado una expresión para definir la etapa que se abrió tras el ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores: “Nuevo momento político”.
Sin embargo, el “nuevo momento político” se sostiene sobre la base del viejo andamiaje legal que diseñó el chavismo para perseguir a la disidencia, restringir las libertades civiles e intervenir el funcionamiento de la economía.
Distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil están exigiendo la derogación de una serie de leyes para allanar el camino a una verdadera transición democrática. En el caso de la ONG Transparencia Venezuela, han identificado nueve normas que deben ser eliminadas para restituir derechos conculcados por el régimen de Maduro.
“Las leyes analizadas carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales, generan efectos adversos en la gobernanza democrática y son incompatibles con una democracia plural, pues el uso de conceptos vagos como ‘odio’, ‘seguridad nacional’, ‘bloqueo’ y ‘fascismo’ facilitan la penalización de la disidencia y la labor social”, resalta Transparencia Venezuela en un informe.
La lista
Los nueve instrumentos jurídicos son:
- Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
- Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
- Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ley Constitucional Antibloqueo para la Garantía de los Derechos Humanos.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
- Ley Constitucional sobre Precios Acordados.
- Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
- Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista.
- Régimen de Control Cambiario.
Transparencia Venezuela observa que derogar estas leyes contribuiría a restaurar la separación de poderes, garantizar las libertades individuales y cívicas, reabrir el espacio democrático, reducir la discrecionalidad administrativa y fortalecer el Estado de Derecho.
Odioso
Uno de los textos más polémicos es la llamada Ley Constitucional contra el Odio, repudiada especialmente por el gremio periodístico venezolano.
“La Ley contra el Odio se convirtió en una ley punitiva y no en una ley que construía un espacio para el encuentro y para la promoción de la paz, sino que perseguía a quienes ejercieran su derecho a la libertad de expresión y a la libre crítica, por eso debe ser derogada”, expone el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz.
“La Ley contra el Odio establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas, sanciones para medios, incluso posibles cierres, generando autocensura sistemática. Decenas de personas han sido detenidas o investigadas por publicaciones, opiniones o comentarios”, subraya Transparencia Venezuela
A la medida
La ONG apunta que la llamada Ley Bolívar “castiga con hasta 30 años de cárcel y multas de un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela a quienes promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, respalden o participen en ‘la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los Poderes Públicos o sus autoridades’”.
El artículo 9 de la norma bautizada con el nombre del Libertador parece diseñado a la medida de la líder opositora María Corina Machado, al prohibir “la postulación para cargos públicos de quienes hayan solicitado ‘medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los Poderes Públicos o sus autoridades’ y establece como sanción administrativa la inhabilitación política hasta por 60 años”.
El chavismo acusa a Machado no solo de apoyar un “bloqueo económico” contra el país, sino de promover la operación de las fuerzas especiales norteamericanas que capturaron a Maduro en Caracas.
Intervencionismo
En el plano económico, Transparencia Venezuela advierte que varias de las leyes cuestionadas atentan contra el derecho a la propiedad privada, promueven la opacidad en el manejo de los fondos públicos, anulan la libertad económica y crean enormes cargas fiscales que atentan contra empresas y trabajadores.
“Todo ello genera un ecosistema económico hostil a la inversión, como reflejan análisis técnicos sobre la afectación que estas leyes producen al funcionamiento empresarial y bancario”, resalta la asociación civil.
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