Una ONG venezolana pidió por un proceso transparente en la elección de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo

La ONG venezolana Provea exigió el viernes a la Asamblea Nacional un proceso transparente para la designación de nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela. En el pedido, solicitaron entrevistas abiertas y mecanismos que permitan a la ciudadanía objetar a los postulados.

“La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad”, señaló la organización vía X.

Provea pidió que se publiquen baremos, currículos y entrevistas, además de habilitar canales para que la sociedad pueda objetar candidatos. Según la ONG, un proceso cerrado no genera “autoridades legítimas”.

“El fiscal general y el defensor del pueblo son de la ciudadanía. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada”, subrayó.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó el martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y defensor del pueblo, en un contexto marcado por denuncias de falta de imparcialidad.

En un mensaje publicado en redes sociales, Ramdin consideró que la designación de nuevas autoridades que ofrezcan “garantías de independencia” podría representar un avance hacia la “reconciliación nacional y la transición democrática” en Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

El proceso para nombrar a un nuevo fiscal y defensor comenzó luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al régimen chavista. Las dimisiones se produjeron en medio de la implementación de la Ley de Amnistía, que permite, en teoría, la liberación de presos políticos detenidos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

El pasado 27 de marzo, el Parlamento venezolano informó haber recibido 21 nuevas postulaciones: 18 para el cargo de defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los nuevos candidatos a defensor del pueblo en Venezuela figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se postuló para el mismo cargo pero luego se retiró del proceso. En la lista de aspirantes también se encuentra la ex diputada opositora Marialbert Barrios.

La ausencia de las designaciones motivó que once organizaciones no gubernamentales denunciaran la “ausencia de reglas claras y públicas” sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para la elección de los titulares de ambos organismos.

En un comunicado difundido el 24 de marzo, las ONG señalaron que el 25 de febrero se constituyó un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin participación de representantes de otros sectores de la sociedad como exige la Constitución y la ley.

Las organizaciones advirtieron que esta conformación “anula la pluralidad e independencia del proceso” y sugiere que la futura designación de autoridades podría responder a criterios de lealtad política en vez de méritos profesionales, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

Las ONG instaron a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso de selección que permita la designación de personas “independientes e idóneas” conforme a la Constitución y los estándares internacionales.

(Con información de EFE)