Por más de una década, Vladimir Padrino López fue el hombre más poderoso de las fuerzas armadas venezolanas. Detrás del uniforme y el discurso “revolucionario”, acumuló un historial de acusaciones por narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Hoy, su nombre figura en expedientes judiciales de Estados Unidos, Europa y organismos multilaterales, y sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado estadounidense.
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Este miércoles, Delcy Rodríguez anunció su destitución como ministro de Defensa, cargo que ocupaba desde octubre de 2014. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero y el breve paso de Padrino por el gabinete de la sucesora del narcodictador marcan el fin de una era en la cúpula militar venezolana, pero no el cierre de las investigaciones internacionales que lo involucran.
El prontuario judicial de Padrino López incluye una acusación formal presentada el 24 de mayo de 2019 por un gran jurado federal en Washington D.C. El cargo principal: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos.
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Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la investigación comenzó en junio de 2014, cuando Padrino asumía la cartera de Defensa. Durante años, los agentes recopilaron pruebas que lo ubican como facilitador del tráfico de drogas a través del espacio aéreo venezolano.
El esquema consistía en cobrar tarifas superiores a USD 60.000 por cada vuelo a las organizaciones narcotraficantes; quienes no pagaban, enfrentaban el derribo de sus aeronaves por órdenes militares. Parte de esos fondos, según la acusación, se destinaba a financiar las campañas del chavismo.
En marzo de 2020, el primer gobierno de Donald Trump profundizó la ofensiva judicial al acusar a Padrino López por narcoterrorismo, junto a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La recompensa para quien aporte datos que permitan su captura se mantiene activa, según el propio Departamento de Estado.
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Sanciones multilaterales y red financiera
Las sanciones internacionales contra Padrino López abarcan múltiples jurisdicciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados, congelando bienes y cuentas bancarias en territorio estadounidense.
En 2017, Canadá lo sancionó por socavar el Estado de derecho, mientras que la Unión Europea y el Reino Unido impusieron el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso, alegando su implicación en violaciones sistemáticas de derechos humanos. Durante la administración Obama, ya había sido objeto de medidas similares por su responsabilidad en hechos represivos.
En 2014, la Guardia Nacional Bolivariana, bajo mando de Padrino López, fue señalada por el uso excesivo de la fuerza en protestas que dejaron más de 22 muertos en un solo mes. Organismos internacionales fundamentaron en estos hechos buena parte de las sanciones impuestas en los años siguientes.
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Estructura empresarial familiar
De forma paralela a su ascenso militar, Padrino López articuló una red empresarial familiar que opera en Venezuela y Estados Unidos. Según el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), la familia controla al menos 24 compañías en ambos países, además de 14 propiedades inmobiliarias en Florida y Texas, con un valor conjunto de USD 4,5 millones.
Entre las empresas figura Trámites Consulares Inc., registrada en Texas en 2010, y Prinmaplast, una fábrica de pinturas encabezada por su esposa. Esta firma obtuvo acceso privilegiado a divisas oficiales mediante el sistema CADIVI, eje de un esquema de sobornos, sobreprecios e importaciones ficticias.
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Padrino López también aparece como vicepresidente de Inversiones Neliyari, C.A., empresa familiar que habría sido proveedora de PDVSA y de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, su nombre surge en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción corporativa de la región, que involucra pagos ilícitos a funcionarios de alto nivel en Venezuela.
El Arco Minero y la complicidad militar
El control militar sobre el Arco Minero del Orinoco fue un componente central del poder de Padrino López. Bajo su administración, las fuerzas armadas dirigieron aduanas, explotación minera y distribución de alimentos a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
Informes de la Organización de las Naciones Unidas documentaron cómo, en esas zonas, grupos armados pagaban sobornos a comandantes militares bajo su cadena de mando para mantener operaciones ilegales. La ONU señaló la existencia de castigos físicos y extorsión sistemática, en un contexto de impunidad garantizada por la jerarquía militar.
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Estados Unidos reportó la incautación de más de USD 700 millones en bienes vinculados al régimen venezolano, incluyendo propiedades, aviones y efectivo. Las cuentas atribuidas a Padrino López en Europa, Florida y el Caribe fueron bloqueadas tras investigaciones de lavado de activos.
El propio Padrino López, al ser destituido, sostuvo que su mayor honor había sido servir a la patria como soldado. Pero para la justicia internacional, el legado de su gestión está marcado por la represión militar, la corrupción institucional y el uso de recursos del Estado para actividades delictivas.
La acumulación de causas judiciales, bienes congelados y una recompensa vigente de USD 15 millones lo mantienen como uno de los ex funcionarios venezolanos más buscados fuera de su país.
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