Los familiares y allegados de presos políticos realizaron el miércoles una nueva vigilia frente a una sede de la Policía Nacional al oeste de Caracas, donde exigieron la liberación de sus parientes a casi una semana de la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela.
Durante la jornada, los familiares mostraron fotografías de los detenidos y elevaron oraciones en la zona de La Yaguara (Caracas), en reclamo de más excarcelaciones.
Entre ellos, Gabriela Torres solicitó la liberación de su padre, Juan Gonzalo Torres, quien —según afirmó— “está bastante mal de salud” debido a la diabetes que padece.
La mujer relató que su allegado fue detenido el 10 de septiembre pasado junto a su esposa, Elizabeth Rodríguez, quien ya recuperó la libertad, y denunció que ambos fueron “golpeados” al momento del arresto. “A mi papá le rompieron dos costillas”, aseguró en diálogo con la agencia EFE.
La ONG Foro Penal indicó que a Torres y Rodríguez se les imputaron delitos de terrorismo y promoción o incitación al odio, y sostuvo que estos casos “reflejan un uso del sistema penal que plantea serias dudas”.
Gabriela Álvarez, activista de derechos humanos, explicó que desde el 8 de enero se realizaron actividades frente a distintos penales del país, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante de personas”, hecho que motivó movilizaciones en las afueras de los centros de reclusión.
El presidente de la comisión parlamentaria responsable de la aplicación de la ley, Jorge Arreaza, informó que 185 personas fueron liberadas tras la entrada en vigor de la norma, cuyo proceso continúa en desarrollo.
La ley dispone que las solicitudes de amnistía deben resolverse en un plazo máximo de 15 días por los tribunales competentes. Hasta ahora, no se publicó el listado oficial de beneficiados. Foro Penal reportaba, entre el viernes de la semana pasada y el último martes, la liberación de 109 detenidos en distintas cárceles del país.
Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón solicitó el martes a la Asamblea Nacional, controlado por el chavismo, que la Ley de Amnistía se aplique a 204 militares de distintos rangos detenidos por motivos políticos.
En una carta dirigida a la comisión encargada de hacer seguimiento a la aplicación de la ley, y publicada en X, la organización explicó que estos ciudadanos fueron procesados y/o condenados principalmente por los delitos de traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión.
Justicia, Encuentro y Perdón argumentó que estas acusaciones surgieron “en marcos de alta polarización, donde la disidencia o el cumplimiento de principios institucionales han sido interpretados bajo una óptica de criminalización”.
La ONG fundamentó su petición en que los delitos de conspiración y traición son considerados delitos políticos o conexos, por lo que encajan en el ámbito de aplicación de la amnistía. Además, señaló que la libertad de estos 204 funcionarios representaría un avance hacia la despolitización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y contribuiría al “cierre de heridas dentro de la familia militar”.
También advirtió que muchos de estos casos presentan irregularidades procesales y prolongados lapsos de detención preventiva, lo que vulnera garantías constitucionales mínimas. Justicia, Encuentro y Perdón no dejó pasar la ocasión para expresar su confianza en que la comisión especial de seguimiento será el puente necesario para pasar “de la persecución a la justicia”, para así permitir la reincorporación de estos ciudadanos a la vida civil y familiar.
(Con información de EFE)
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