La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el viernes una amnistía general en Venezuela que abarcará todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad y el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Tras la iniciativa informada por Rodríguez, familiares de presos políticos celebraron a las afueras de centros de detención donde se encuentran sus seres queridos. Los abrazos y los llantos acompañaron el grito de “libertad, libertad” en las zonas aledañas a las cárceles.

Por otra parte, allegados de detenidos se mantienen encadenadas en las puertas de la sede policial Zona 7 en Caracas exigiendo la liberación de todos los presos políticos. “Justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno es delincuente”, corearon los familiares.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este viernes que la ley de amnistía general propuesta por Rodríguez responde a la “presión real” ejercida por Estados Unidos. En ese sentido, expresó su esperanza de que la medida se concrete y permita la liberación de los presos políticos en el país.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, manifestó la dirigente opositora.

A su vez, el diputado Henrique Capriles calificó la amnistía como un “paso necesario y muy importante” para avanzar hacia el país que desea “la gran mayoría de los venezolanos”. A través de la red social X, Capriles afirmó: “El largo capítulo de terror como consecuencia de la persecución, hostigamiento y odio debe ser cerrado ¡PARA SIEMPRE!”.

El legislador consideró que la propuesta de ley y el cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “toca la conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución”. Subrayó: “Nadie debe estar preso por pensar distinto ni por alzar su voz. Periodistas, quienes defendieron el voto, quienes alzaron la voz por salarios y pensiones justas, ni el personal médico, estudiantes, amas de casa que solo pensaban distinto nunca debieron estar presos”.

Por su parte, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himio, emitió un mensaje a través de X, en el cual mencionó que “la amnistía no es “perdón”, no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito".

Por su parte, el diputado Stalin González sostuvo que la ley de amnistía “abre una nueva página para la convivencia democrática en el país”. El legislador expresó su deseo de que el texto legislativo “garantice la libertad de todos los presos políticos” y que “la clausura física de este centro (Helicoide) trascienda para poner fin a la represión y a la persecución”.

En X, el diputado resaltó: “Este es, sin duda, un punto de inflexión para avanzar en nuestras aspiraciones sobre un sistema político representativo que dé garantías y respuestas a los venezolanos”.

El anuncio de la ley se realizó durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un evento transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez informó que la ley de amnistía será presentada ante la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, con carácter de urgencia.

“El objetivo es reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, explicó la mandataria. Además, solicitó a los presos políticos y a quienes hayan recibido medidas de excarcelación que no permitan que “la venganza, la revancha ni el odio” prevalezcan en la sociedad.

La propuesta de ley excluye de la amnistía a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

(Con información de EFE)