El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), a cargo de Abel Ernesto Durán Gómez, se ha convertido en un enorme embudo para los trámites relacionados con las organizaciones de la sociedad civil, según comentan tres fuentes conocedoras de la materia.
Desde organizaciones defensoras de Derechos Humanos hasta la patronal Fedecámaras chocan contra el Saren cuando tratan de inscribir o actualizar sus datos.
Aunque el gremio empresarial ha estrechado sus vínculos con el gobierno chavista, todavía no ha podido incorporar a su expediente el acta de la última junta directiva que eligieron en julio de 2025.
Una fuente de la patronal comenta: “Lo hemos intentado, pero lo rechazan. Quieren borrarnos del mapa o fastidiarnos más de la cuenta”, expone haciendo alusión a la polémica Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
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Los principales voceros de la sociedad civil organizada bautizaron esa norma como Ley Anti-ONG, señalando que la misma aplica serias restricciones para el funcionamiento y desarrollo de estas agrupaciones. El texto se promulgó en septiembre de 2024, en medio de las protestas que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio de ese año.
El jefe del Saren, Durán Gómez, es primo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, según la ONG Transparencia Venezuela, cuya directora está en el exilio.
Causa perdida
“Yo he intentado registrar cuatro fundaciones, una para fines culturales, dos para defensa de DDHH y otra para gestión social, y no le dan curso. Reciben el documento y te dicen que eso debe ir al Saren para que lo revise y le dé o no el visto bueno”, relata un abogado que prefiere resguardar su identidad.
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¿Por qué rebotan las peticiones? “Una norma no escrita, básicamente que el Saren cree que estas asociaciones son para hacer política. Eso entra a una gaveta y no te dan respuesta, un comportamiento que se inscribe dentro de las restricciones y prohibiciones que impone el gobierno a la libertad de asociación”, contesta el experto.
Trabas
Otro abogado y fundador de una ONG subraya que “en general, al margen de la Ley Anti-ONG, en los registros la norma es obstaculizar y retrasar lo más posible cualquier trámite”. En su caso, desde julio de 2025 espera una respuesta para completar el procedimiento que demanda la normativa.
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El activista cree que a diferencia de Maduro, quizá hoy Delcy Rodríguez no tiene entre sus prioridades hostigar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, estima que entre la desidia burocrática, las trabas que impone la ley y la cantidad de peticiones que se van acumulando, los procesos marchan con una lentitud que se convierte en una espada de Damocles para las asociaciones civiles.
“No tendrán ya el objetivo de perseguir, pero tampoco están apurados en normalizar la situación”, concluye.
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