Venezuela activó un régimen de excepción y ordenó detenciones por respaldo a la ofensiva estadounidense

La publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial abre una nueva fase en la crisis política e institucional venezolana, desencadenada tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York. La norma establece un marco de excepción que concentra amplios poderes en el Ejecutivo en un contexto de confrontación directa con Estados Unidos.

El texto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez. El decreto tiene rango de ley y fija una duración inicial de 90 días, con la posibilidad de una prórroga por un período idéntico, lo que extiende el horizonte del estado de excepción hasta medio año.

Uno de los ejes centrales de la medida es la instrucción directa a los cuerpos de seguridad para actuar contra quienes el régimen chavista considere partícipes del respaldo a la acción militar estadounidense. “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”, indica el decreto.

Aunque el anuncio de un eventual estado de conmoción había sido anticipado a finales de septiembre, semanas después del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, el contenido específico del decreto se mantuvo bajo reserva. El documento ahora publicado señala que su redacción fue actualizada tras los acontecimientos del fin de semana, en alusión a la detención del dictador caribeño.

La Constitución venezolana contempla el estado de conmoción exterior para situaciones de conflicto que amenacen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, se trata de la primera vez que esta figura se activa desde la aprobación de la Carta Magna de 1999, un dato que subraya la excepcionalidad del momento y su impacto en el orden institucional.

Entre las disposiciones más significativas, el decreto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas del Estado. El personal que opera en estos sectores quedará “temporalmente sometido al régimen militar”, lo que amplía la presencia y el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas clave de la economía y de la vida cotidiana.

El texto también faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. Además, habilita la adopción de “cualquier otra medida” que el régimen chavista considere necesaria para la protección de la población, una cláusula abierta que refuerza el carácter discrecional del régimen de excepción.

Aunque el decreto afirma que se preservarán derechos como la vida y la libertad personal, reconoce de manera explícita la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia. La Constitución establece que incluso en estados de excepción deben mantenerse derechos considerados intangibles, como el debido proceso, la prohibición de la incomunicación y la tortura, y el acceso a la información.

El decreto incluye además un llamado a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”, en una apelación a la movilización interna que acompaña el endurecimiento del marco legal. El mensaje refuerza una narrativa de amenaza externa y cohesión nacional frente a la intervención extranjera.

La activación del estado de conmoción se apoya en un entramado normativo previo. En 2024, el régimen de Maduro promulgó una ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales o a acciones que causen “daño extranjero”, con penas que incluyen la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes. Ese marco legal adquiere ahora mayor peso bajo el régimen de excepción.

Desde el punto de vista institucional, el decreto puede ser revocado por la Asamblea Nacional o revisado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes están controlados por el chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos frente a la ampliación de facultades del Ejecutivo.

En un escenario marcado por la detención de Maduro y la escalada de tensión con Washington, la entrada en vigor del estado de conmoción exterior redefine el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un período de fuerte restricción política y social, cuyo alcance dependerá tanto de la duración del decreto como de su aplicación concreta en el territorio.