Un grupo de diputados de la oposición en Venezuela afirmó el martes que la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace diez meses y notificada el jueves pasado, refleja un sistema de justicia que “no genera confianza” y evidencia el “deterioro” institucional.
La muerte del preso político, quien estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I a unos 30 km. de Caracas, ”es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza”, manifestó Stalin González, jefe del grupo parlamentario Libertad, en una nota de prensa.
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La fracción, que también integra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, respaldó los pedidos de una investigación “seria y transparente” realizados por organizaciones y sectores de la sociedad civil.
En ese marco, González sostuvo que el caso abre la posibilidad de discutir una reforma “profunda” del sistema judicial venezolano, superando el actual debate sobre la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el Parlamento modificó para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados de la alta corte.
“Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela”, señaló González.
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El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias por parte de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición del detenido.
La cartera estatal detalló que Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. De acuerdo con el comunicado oficial, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.
Decenas de ONG, partidos políticos y activistas criticaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después. La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció el inicio de una investigación penal, medida que cuenta con el aval del Parlamento. No obstante, las ONG exigieron que la investigación sea independiente y cuente con asistencia internacional.
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En paralelo a los reclamos, la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó el martes la reforma al TSJ, la cual obtuvo sanción unánime durante un nuevo proceso para designar jueces y cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”.
La modificación también reorganiza la estructura interna de la corte suprema. La Sala Constitucional pasará de cinco a siete magistrados, mientras que las salas Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa quedarán integradas por cinco miembros cada una, en lugar de tres.
Fuera del Parlamento, el abogado y analista Alí Daniels cuestionó la reforma. “El problema no es tener 20 o 32 magistrados”, sostuvo. “El problema es que tenemos que tener jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo”, añadió.
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Durante el debate, el diputado Luis Florido afirmó: “Parte del problema que tiene el sistema de justicia en Venezuela tiene que ver con la politización de la justicia”.
El oficialismo defendió la reforma como parte de un proceso de “transformación” del sistema judicial venezolano. No obstante, sectores disidentes y especialistas advirtieron que el principal problema radica en la falta de independencia de los tribunales respecto al poder político.
El diputado Nicolás Maduro Guerra indicó que el Parlamento recibió más de mil escritos en respaldo a la modificación legal. “Esta reforma puntual permite abrir en este nuevo momento político el compás para que el Tribunal Supremo surja de un gran acuerdo nacional”, afirmó durante la sesión parlamentaria.
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(Con información de EFE)
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