La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela presenta “graves deficiencias” y solicitó a las autoridades venezolanas que aseguren la “liberación incondicional” de quienes han sido detenidos o procesados de manera arbitraria.
“La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en el informe “Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía”.
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Para Goebertus, la aplicación “injusta y opaca” de la normativa, promulgada en febrero, ha “socavado aún más la liberación de los presos políticos”.
HRW remarcó que las autoridades deben implementar la ley de manera transparente y completa, y “deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios”.
El informe señala que, aunque la normativa afirma cubrir actos cometidos desde 1999, restringe la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos “en el contexto” de hechos específicos ocurridos en ciertos años. Además, la organización advierte que contiene disposiciones ambiguas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
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Entre las deficiencias identificadas, HRW menciona que algunos solicitantes de amnistía no han recibido información precisa sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas en su contra, “lo que hace difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad de la ley, que ya de por sí son restrictivos”.
En otros casos, la ONG indica que los jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones para denegar la amnistía y han limitado el acceso a los expedientes y a la defensa de abogados particulares.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, declaró que posee información sobre jueces que han recibido pagos en el proceso de amnistía iniciado en febrero y solicitó acciones contra ellos.
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Familiares de presos políticos reportaron en marzo pagos en dólares en algunos tribunales para obtener la notificación de libertad plena bajo la ley de amnistía.
La normativa abarca un período de 27 años, desde 1999, pero solo contempla a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en años específicos, lo que excluye otros periodos, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Según Rodríguez, más de 9.000 personas han sido amnistiadas.
Por su parte, el Foro Penal denunció que la ley de amnistía se ha convertido en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.
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