Tres venezolanos iniciaron una huelga de hambre ante la CPI para exigir avances en la investigación contra la dictadura de Maduro

Tres ciudadanos venezolanos comenzaron este domingo una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, con el objetivo de demandar que el tribunal agilice la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desde 2014.

Los manifestantes, Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras, declararon: “Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela. Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcodictadura criminal de Nicolás Maduro”.

Por su parte, el arco político opositor también viene exigiendo avances en la investigación. El viernes pasado Magallí Meda, integrante del equipo de la líder opositora María Corina Machado, recordó que desde 2018, cuando fue abierto el caso de Venezuela, la CPI ha documentado 8.900 víctimas individuales.

“La propia Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI ha señalado la inacción de la Fiscalía. El pueblo venezolano no puede esperar más”, señaló en sus redes sociales.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió formalmente una investigación en noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, al menos desde febrero de 2014. Casi cuatro años después, aún no se ha hecho pública ninguna orden de captura contra altos jerarcas del chavismo. Las víctimas y activistas exigen que el tribunal avance y ponga fin a la impunidad estructural.

La protesta iniciada este domingo se da en momentos en que la CPI atraviesa una crisis de confianza en América Latina tras la separación definitiva de su fiscal jefe, Karim Khan, de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La salida de Khan se produjo después de que la Sala Segunda de Apelaciones de la CPI detectó un posible conflicto de intereses relacionado con la participación de Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal y abogada defensora del gobierno venezolano ante el tribunal. Esta relación familiar y profesional generó inquietud entre defensores de derechos humanos y llevó a la Fundación Arcadia a solicitar formalmente la recusación de Khan, argumentando un “claro conflicto de intereses”, según detalló The Washington Post.

La Sala Segunda de Apelaciones fundamentó su decisión en la percepción de un posible sesgo. En su resolución, los jueces señalaron: “A la luz de la estrecha relación familiar del fiscal con la Sra. Alagendra, junto con su anterior relación profesional y jerárquica, un observador imparcial y razonable... percibiría razonablemente un sesgo”. Por este motivo, se ordenó a Khan que solicitara su excusa del caso, estableciendo un plazo de tres semanas que concluyó el pasado lunes.

En respuesta a la decisión, Khan comunicó a la presidencia y a los magistrados de la CPI su solicitud formal para apartarse del caso Venezuela I. En su declaración, recogida por The Washington Post, el fiscal expresó: “El Fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del Fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el Fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo excuse del caso Venezuela I”. Además, negó cualquier intercambio de información confidencial con Alagendra y afirmó que no participó en reuniones ni comunicaciones vinculadas al equipo de defensa venezolano. Khan también defendió su gestión, asegurando que “no hubo ‘inacción aparente’ tras la decisión de la Primera Sala de Apelaciones” y que procuró cumplir con sus obligaciones legales al continuar con celeridad la investigación.

La investigación interna sobre Khan, según confirmaron fuentes de la CPI a The Washington Post, incluye reportes de acoso sexual, lo que motivó que el fiscal solicitara una licencia voluntaria desde mayo de este año. En este contexto, la responsabilidad de la investigación sobre Venezuela recayó en el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien asumió el caso mientras dure la ausencia del titular.

La Fundación Arcadia, que promovió la recusación de Khan, calificó la medida como una “victoria histórica en la búsqueda de transparencia e imparcialidad en la Corte Penal Internacional”. El grupo sostuvo que la independencia y transparencia de la fiscalía “han quedado comprometidas, lo que exige una acción correctiva inmediata”. En declaraciones a la prensa internacional, la organización subrayó: “La integridad e imparcialidad del fiscal, un pilar central de la justicia en la CPI, han quedado comprometidas”.

El código de conducta de la fiscalía de la CPI prohíbe a sus miembros intervenir en casos donde existan vínculos familiares, personales o profesionales con las partes procesales. Al apartarse, Khan dejó constancia de que “no tendrá ninguna participación continua en la situación de Venezuela I ni acceso a ningún expediente confidencial presentado ni a ninguna decisión emitida”, reafirmando su desvinculación total del litigio.

El caso Venezuela ante la CPI se remonta a 2018, cuando Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron una denuncia conjunta que derivó en la apertura formal de la investigación en noviembre de 2021. Hasta la fecha, se trata de la única pesquisa activa de la CPI en América Latina. Las denuncias contra el régimen de Maduro incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos, hechos que han motivado la demanda internacional de justicia.

Mientras la investigación sobre Venezuela continúa bajo la dirección del fiscal adjunto y la atención internacional se mantiene sobre la CPI, el desarrollo del caso y la respuesta a las demandas de justicia de las víctimas siguen bajo observación global.