La cifra de desapariciones forzadas en Venezuela en 2025 marcó un récord: la ONG Provea documentó un incremento del 196% respecto al año anterior. Durante ese año, según el informe anual de la organización, 160 personas resultaron víctimas de este delito, una escalada que superó ampliamente las 54 desapariciones registradas en 2024.
El informe, presentado en Caracas, detalló que muchas víctimas permanecieron incomunicadas durante más de 100 días y que buena parte de los casos involucraron a dirigentes sindicales, quienes además sufrieron detenciones arbitrarias.
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En el mismo periodo, se reportaron 336 asesinatos cometidos por fuerzas policiales y militares, principalmente jóvenes de entre 18 y 30 años. Ninguna de estas muertes recibió investigación por parte del Ministerio Público, que entonces encabezaba Tarek William Saab.
La cifra total de personas asesinadas por agentes estatales desde el inicio de la dictadura de Nicolás Maduro, en 2013, ascendió a 10.853. Provea también consignó 659 denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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Al menos 42 víctimas de tortura fueron identificadas. Óscar Murillo, coordinador general de la ONG, definió el año como una etapa de liquidación del Estado de derecho y la más grave en materia de derechos humanos de la historia reciente venezolana.
El informe de Provea se publicó en un contexto de profunda regresión democrática. En 2025, Venezuela consolidó el retroceso institucional más severo de la región, con un aumento del 102% en detenciones por motivos políticos respecto al promedio de los últimos 17 años.
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El salario mínimo cerró en USD 0,45 y el 62% de la población enfrentó restricciones severas de acceso al agua potable.
El desmantelamiento de derechos laborales y sindicales se reflejó en la detención arbitraria de más de 130 dirigentes, la criminalización de la protesta y la persistencia de salarios de hambre, congelados en 130 bolívares durante más de 1.300 días. Las brechas entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen del salario oficial profundizaron la desigualdad estructural. El sector informal absorbió a más de un tercio de los trabajadores y el desempleo alcanzó el 40,3% en 2024.
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La crisis ambiental se intensificó: 77% de los venezolanos no recibió agua regularmente por tuberías, ocurrieron derrames petroleros en varias regiones y la minería, legal e ilegal, se expandió con complicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los territorios indígenas resultaron especialmente afectados, con reportes de ocupación armada, contaminación y migración forzada de comunidades enteras.
En el ámbito de la salud, se contaron 94.056 denuncias de violaciones al derecho sanitario, mientras el 94,6% de la población dependió exclusivamente del sistema público, que operó con apenas el 20% de su capacidad. El presupuesto de salud cayó un 28% y los hospitales funcionaron con carencias extremas de insumos y medicamentos. Venezuela acumuló cinco años sin publicar datos epidemiológicos oficiales, lo que agravó la opacidad y la desprotección institucional.
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La impunidad permaneció institucionalizada: Venezuela ocupó el último lugar mundial en el índice global del Estado de Derecho por décimo año consecutivo. El Ministerio Público reportó cientos de funcionarios condenados, pero sin transparencia sobre los delitos cometidos ni su relación con violaciones de derechos humanos.
El informe de Provea concluyó que la estabilización y reconstrucción de Venezuela dependerán de un compromiso real por parte de las autoridades para desmontar el aparato represivo, restablecer la independencia de los poderes públicos y garantizar la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos.
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(Con información de EFE)
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