Al menos 15 reclusos han muerto en las cárceles venezolanas entre abril y lo que va de mayo, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ente independiente que ha exigido la destitución inmediata del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
“La crisis penitenciaria venezolana se agrava cada día entre hacinamiento, retardo procesal, traslados arbitrarios, enfermedades y ausencia total de garantías para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, denunció el OVP a través de sus redes sociales.
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Los escándalos se han ido acumulando en el despacho de García Zerpa. El 21 de abril, el ministerio dio cuenta de un supuesto “motín” que se saldó con cinco muertos en la cárcel de Yare III, señalando que ese es un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”.
La versión oficial fue rebatida por el abogado y defensor de Derechos Humanos, Eduardo Torres. “Fui preso político, yo estuve en Yare III y II y en ese complejo los presos no tienen ni un cortauñas porque las requisas son permanentes”, expresó Torres, quien aseguró que en esas instalaciones se aplican torturas a los detenidos.
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La situación empeoró el 7 de mayo, cuando la cartera de Servicio Penitenciario anunció con diez meses de retraso la muerte del preso político Víctor Quero Navas, hecho ocurrido el 24 de julio de 2025.
El organismo sostuvo que Quero Navas, cuya ubicación jamás fue notificada por las autoridades, “no suministró datos sobre vínculos familiares y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. No obstante, fue un hecho público que la madre del fallecido, Carmen Navas, de 81 años, acudió a distintas instituciones buscando información sobre su hijo.
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Doble castigo
Este martes 12 de mayo el OVP registró la muerte por tuberculosis de Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años, en una cárcel del estado Lara, en el occidente del país.
“El Estado venezolano no atiende debidamente a sus privados de libertad, ha fallado sistemáticamente en su obligación de suministrar tratamientos médicos adecuados y oportunos”, manifestó el Observatorio.
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La ONG advierte que “en la práctica, se ha transferido de manera irregular la responsabilidad asistencial a los familiares, quienes deben costear y gestionar medicamentos para sus seres queridos, aunque estos deberían estar garantizados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario”.
Acusan a García Zerpa de “no adoptar las medidas necesarias” y sostiene que “no existen protocolos de aislamiento ni jornadas de saneamiento efectivas, los recintos carecen de condiciones mínimas de higiene, convirtiéndose en espacios que vulneran la dignidad humana”.
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