La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó la separación definitiva de Karim Khan, su fiscal jefe, de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esta decisión sigue a un fallo de la Sala Segunda de Apelaciones que observó un posible conflicto de intereses y cuestionó la “inacción” en el avance del proceso, medida que impacta a las víctimas de las violaciones denunciadas en el país sudamericano, según informó The Washington Post y confirmaron fuentes judiciales.
Karim Khan, quien dirige las investigaciones del tribunal en La Haya desde 2021, comunicó a la presidencia y a los magistrados de la CPI su solicitud formal para excusarse del caso, argumentando su respeto a la autoridad de la Sala de Apelaciones: “El Fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del Fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el Fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo excuse del caso Venezuela I”, señaló el comunicado difundido por la Fiscalía.
La salida de Khan ocurre tras la publicación de denuncias sobre presuntas irregularidades en su actuación. De acuerdo con The Washington Post, las inquietudes surgieron al conocerse la relación familiar entre Khan y la abogada Venkateswari Alagendra, su cuñada, quien integra el equipo legal que defiende al régimen de Nicolás Maduro ante la CPI.
El medio reportó que defensores de derechos humanos solicitaron acelerar la investigación contra el dictador venezolano, lo que llevó a la Fundación Arcadia a presentar una petición formal para la recusación del fiscal por un “claro conflicto de intereses”.
La Cámara de Apelaciones determinó: “A la luz de la estrecha relación familiar del fiscal con la Sra. Alagendra, junto con su anterior relación profesional y jerárquica, un observador imparcial y razonable... percibiría razonablemente un sesgo”. Con este argumento, los jueces dispusieron que Khan solicitara su excusa del caso, fijándole un plazo de tres semanas, cumplido el pasado lunes.
En los documentos presentados a la Corte, Khan negó cualquier intercambio de información confidencial con Alagendra y aseguró que no participó en reuniones o comunicaciones vinculadas al equipo de defensa venezolano: “No hubo ‘inacción aparente’ tras la decisión de la Primera Sala de Apelaciones. El Fiscal procuró mostrar vigilancia y cumplir con sus obligaciones legales al continuar con celeridad la investigación de la situación de Venezuela I”.
La investigación interna sobre Khan incluye reportes de acoso sexual, señalamiento que motivó su licencia voluntaria desde mayo de este año, según confirmaron fuentes de la CPI a The Washington Post. En ese contexto, el caso Venezuela quedó a cargo del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien se mantendrá al frente mientras dure la ausencia del titular.
Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron la denuncia ante la CPI en 2018, lo que derivó en la apertura formal de la investigación en 2021. El caso Venezuela es, hasta la fecha, la única investigación activa de la CPI en América Latina. Los señalamientos contra el régimen de Maduro incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos.
Luego de la decisión, la Fundación Arcadia consideró la medida una “victoria histórica en la búsqueda de transparencia e imparcialidad en la Corte Penal Internacional”. El grupo sostuvo que la independencia y transparencia de la fiscalía “han quedado comprometidas, lo que exige una acción correctiva inmediata”.
“La integridad e imparcialidad del fiscal, un pilar central de la justicia en la CPI, han quedado comprometidas”, afirmó la Fundación Arcadia ante la prensa internacional.
El código de conducta de la fiscalía prohíbe a sus miembros involucrarse en casos que impliquen vínculos familiares, personales o profesionales con las partes procesales. Al apartarse, Khan dejó constancia: “No tendrá ninguna participación continua en la situación de Venezuela I ni acceso a ningún expediente confidencial presentado ni a ninguna decisión emitida”, y advirtió su desvinculación total del litigio.
La investigación de la CPI sobre Venezuela permanece bajo escrutinio internacional, mientras se mantiene la atención sobre la conducción de la pesquisa en ausencia del fiscal jefe.
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