El rol de las cooperativas de reciclaje, una pieza clave para disminuir la basura

En Argentina las grandes empresas están obligadas a darle un tratamiento especial a sus residuos. Esto incluye a comercios de grandes superficies y a la mayoría de las fábricas: todos ellos deben separar su basura para su posterior reciclado. En algunos distritos -como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires- para cumplir con ese requerimiento, las compañías suelen utilizar los servicios que brindan las cooperativas de recicladores. En territorio bonaerense estas organizaciones llevan adelante sus actividades articulando la tarea con el organismo ambiental de la provincia.

En estos centros se reciben los residuos no peligrosos o asimilables a domiciliarios que se generan en diferentes localidades. Allí se reciclan y se convierten en una nueva materia prima apta para ser comprada por empresas que la necesitan.

Estas cooperativas de recicladores tienen la misión de lograr una reducción en el volumen de residuos para que la disposición final de esa basura sea la mínima. A pesar de la urgencia y la necesidad de extender esta práctica a todo el territorio nacional, la ley de disposición final de residuos industriales y de grandes generadores aún no está vigente en todo el país.

Sin la aprobación y aplicación de esta normativa en todas las provincias, la inmensa mayoría de los argentinos seguirá viviendo entre montañas de basura, con colosales volúmenes de residuos tanto tradicionales como peligrosos. Los basurales clandestinos a cielo abierto que desbordan todo el país constituyen hoy una verdadera amenaza para la salud y el medio ambiente.

Una de las organizaciones que más ha luchado en la última década por el debate y aprobación de una normativa acorde es la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que nuclea a los recuperadores urbanos de todo el país, organizados en cooperativas o en otras formas asociativas.

Las actividades más importantes que llevan adelante estas cooperativas son: a) la prestación de servicios ambientales y sociales para la gestión de residuos públicos y privados; b) la recolección de residuos y su traslado a los establecimientos de la cooperativa; c) la separación y clasificación de todos los residuos; d) la gestión comercial de los residuos clasificados; e) la capacitación de los recuperadores asociados a la cooperativa para realizar las tareas de reciclaje y el buen uso del equipamiento necesario.

Pero no terminan allí las tareas que ofrecen estas organizaciones: las cooperativas son absolutamente imprescindibles para incluir a recuperadores urbanos individuales que se encuentran desarrollando el servicio por cuenta propia. También pueden ejecutar políticas de comunicación y concientización de la comunidad respecto de los beneficios de la separación en origen y el reciclado de los residuos. Y, por supuesto, son valiosas y apropiadas para ejecutar políticas de erradicación del trabajo no registrado, insalubre e infantil, otra calamidad social que castiga tan duramente al país.

A diferencia de la tarea específica que puede desarrollar una empresa de reciclaje de tipo privado, este tipo de organizaciones con mayor impronta asociativa y solidaria se revela irreemplazable a la hora de aportar a su función ambiental un servicio que propenda a la inclusión social y laboral.

Es por esto que las actividades de las cooperativas de recicladores y recuperadores urbanos deben ser defendidas e incentivadas por el Estado, único actor capaz de garantizar un funcionamiento justo, eficaz y transparente. La sociedad necesita cada vez más herramientas para combatir el flagelo de la basura.

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