Un profesor de fútbol neuquino enfrenta la imputación de abuso sexual, grooming y corrupción de menores, tras haber sido acusado de múltiples delitos contra un adolescente. El caso involucra una serie de hechos ocurridos entre 2025 y marzo de 2026, en el contexto de una relación de cercanía y confianza generada a partir del rol de entrenador.
La teoría del caso, expuesta en la audiencia de formulación de cargos, sostiene que D.E.M., cuya identidad y vínculo institucional permanecen reservados para proteger la intimidad de las víctimas, utilizó su posición para establecer un vínculo especial con el menor, que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo.
La fiscalía remarcó que esta relación le permitió al acusado desplegar conductas reiteradas de acercamiento indebido, como ofrecimientos de dinero a cambio de prácticas sexuales, amenazas dirigidas al entorno familiar y situaciones de contacto físico sin consentimiento.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid habló con la radio local LU5 AM600, y puntualizó: “El problema acá es cuando suceden este tipo de situaciones y uno no tiene ningún testimonio, sino lo que tiene es la sospecha de que acá algo raro hay, que así empieza el caso. Es muy difícil o complejo lograr que los jóvenes cuenten qué pasaba o qué había a cambio de estas sumas de dinero”.
Según la investigación, las conductas atribuidas a D.E.M. incluyeron regalos de botines, teléfonos móviles, viajes e invitaciones a pretemporadas, prácticas que no se observan habitualmente en otros clubes o categorías. De acuerdo con la asistente letrada Cecilia Sabatte, el entrenador también habría realizado exhibiciones de contenido sexual y solicitado imágenes íntimas a cambio de dinero, tanto a la víctima principal como a otros integrantes del club.
El fiscal del caso, Gastón Medina, detalló en la audiencia que los hechos ocurrieron en diferentes lugares y momentos, tanto en encuentros privados como durante viajes vinculados a la actividad deportiva. Según la acusación, las amenazas del acusado generaron un clima de temor y silencio en las víctimas. Sabatte relató: “Tenía miedo porque el acusado le había dicho que conocía gente que le podía hacer algo a familiares”, señaló, de acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.
La investigación logró avanzar cuando uno de los adolescentes decidió relatar los hechos ante su familia, lo que permitió radicar la denuncia y activar la intervención judicial. Breide Obeid dijo en LU5 AM600 que la fiscalía analizó movimientos bancarios de los jóvenes, detectando transferencias por 200.000 y 600.000 pesos, además de la existencia de regalos.
“Uno de ellos, muy valientemente, decide hablar. Lo hizo justamente el día de antes de ayer en cámara Gesell. Tomamos ese recaudo y ahí contó no solamente lo que le pasaba a él, sino lo que le pasaba a otros jóvenes de ahí, ¿no? Y qué había a cambio de eso”, explicó.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén subrayó que existen otras denuncias en investigación y no se descarta que la imputación inicial se amplíe en las próximas semanas. Durante la audiencia, la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia intervino como querella institucional, adhiriendo a la imputación fiscal por tratarse de víctimas menores de 18 años.
El encuadre legal provisorio abarca abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación y de la guarda, en grado de tentativa y en forma continuada; abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la guarda, en concurso real (tres hechos); corrupción de menores agravada; promoción de la prostitución agravada; exhibiciones obscenas agravadas; y grooming, todos en concurso real.
En cuanto a las medidas cautelares, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado, argumentando riesgos de fuga, entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas. Sabatte sostuvo que “el acusado desplegó un accionar sostenido no solo para cometer los hechos investigados, sino también para evitar que fueran conocidos, lo que configura un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación”.
El fiscal Medina también remarcó que la condición de adolescentes de las víctimas y testigos exige extremar las medidas de protección integral, tanto física como psicológica y emocional.
El juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses. Además, avaló la prisión preventiva, aunque por un período de 15 días, a fin de avanzar en la investigación mientras se verifica un domicilio para evaluar la viabilidad de una eventual detención domiciliaria, como solicitó la defensa.
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