La fiscal federal Elisa Trinchín imputó a dos hermanas en Bahía Blanca por vender un suplemento para adelgazar que contenía sustancias peligrosas y usaba un sello oficial falso de ANMAT. La principal acusada, V.M.R. (41), quedó acusada como autora de dos delitos: vender medicinas peligrosas, con penas de 3 a 10 años de prisión, y usar un sello falso de un organismo oficial, penado con 1 a 6 años. Por su parte, su hermana, V.F.R. (40), enfrenta los mismos delitos, pero solo como partícipe secundaria.
Según la fiscalía, ambas disimulaban los componentes riesgosos del suplemento y colocaban en los frascos la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”. El análisis realizado determinó que el producto contenía sustancias prohibidas y perjudiciales.
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Durante la audiencia, la jueza María Gabriela Marrón autorizó 60 días hábiles de investigación y dictó restricciones estrictas a la principal acusada: prohibición de salir del país, obligación de presentarse semanalmente ante la Policía Federal Argentina (PFA) y la prohibición del uso de redes sociales y contacto con clientes y proveedores. Su hermana quedó obligada a comparecer ante futuras citaciones judiciales y a informar un eventual cambio de domicilio.
La causa arrancó con una denuncia de ANMAT. Desde un perfil de Instagram se ofrecía el suplemento bajo el nombre “Quemador Natural Viking’s, Natural Gym Receta por 30 comprimidos”, con una falsa leyenda de autorización oficial. A partir del análisis de los números de teléfono vinculados, los investigadores detectaron que la línea pertenecía a V.M.R.
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La fiscalía estableció que el domicilio de la hermana funcionaba como punto de entrega y envío. Por eso, la jueza autorizó el allanamiento simultáneo de ambos domicilios. El 17 de diciembre de 2025, la Policía Federal secuestró 87 frascos del producto, varios teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones.
A pesar de esa medida, la accused principal mantuvo la venta. El 26 de febrero de 2026 la policía volvió a allanar, descubriendo que la comercialización seguía activa.
Las pericias del Laboratorio Químico de la PFA confirmaron que los comprimidos contenían mazindol —una droga con efecto similar a las anfetaminas, prohibida para la venta sin receta médica— y hidroclorotiazida, un diurético que no sirve para adelgazar y que puede ser altamente riesgoso bajo uso no controlado.
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Cuatro compradores del producto reportaron síntomas como taquicardia, migrañas intensas, retención de líquidos y desvanecimientos tras consumirlo. Todos entregaron los envases con el rótulo falso de ANMAT.
Los defensores José Ignacio Guillermo Pazos Croccito y Gisella Malvestiti no objetaron los hechos descriptos por la fiscalía. Sostuvieron que las acusadas no conocían la existencia de la disposición que prohíbe el producto a nivel nacional.
Propusieron declarar nulo el segundo allanamiento realizado en el domicilio de la hermana por considerar que no tenía permiso judicial. La jueza Marrón rechazó el planteo al afirmar que la medida tenía autorización formal.
El circuito de venta
La investigación reconstruyó que V.M.R. y V.F.R. promocionaban el suplemento desde varias cuentas en redes sociales y que usaban sus domicilios como depósitos y sitios de envío. La fiscalía informó que se bloquearon los perfiles usados para esa actividad y se ordenaron controles para impedir nuevas ventas.
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La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), organismo del gobierno bonaerense, emitió un comunicado público instando a que la población “se abstenga de consumir” los suplementos incautados debido a los riesgos detectados.
Durante la investigación, las víctimas relataron que el producto se vendía en un envase con la promesa de “quemar grasa” y que el envase mostraba el sello y leyenda de ANMAT. Los testimonios mencionaron efectos inmediatos tras la ingesta.
El informe presentado por la División del Laboratorio Químico de la PFA estableció: “los comprimidos secuestrados contienen mazindol e hidroclorotiazida, sustancias cuyo consumo sin control médico está prohibido y es perjudicial para la salud”.
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La causa continuará bajo investigación los próximos 60 días hábiles. La fiscalía buscará determinar si hubo más personas afectadas y si existieron nuevos canales de venta.
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