Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari, el conductor de la camioneta que chocó contra el UTV en el que viajaba Bastian Jeréz, solicitó formalmente a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre tomadas a los imputados el mismo día del accidente y analizadas este lunes por peritos.
Los análisis iniciales arrojaron como resultado toxicología negativa para los tres imputados, alcoholemia positiva para Molinari (0,21 g/l), alcoholemia positiva para Quiroz (0,41 g/l) y alcoholemia negativa para Jerez (0,00 g/l).
Sin embargo, Molinari negó haber consumido alcohol, lo que motivó a su defensa a plantear la posibilidad de contaminación, mezcla o confusión de las muestras, indicaron fuentes del caso a Infobae.
Fuentes del caso indicaron que el pedido se fundamenta en supuestas irregularidades en los envases utilizados para la conservación de las muestras, debido a que habían sido utilizados anteriormente. Esa circunstancia, según el defensor, afecta la fiabilidad, autenticidad e identidad de los resultados de alcoholemia y toxicológicos.
Durante el procedimiento de apertura de las tres muestras sanguíneas, Riglos indicó que los frascos empleados eran “frascos no vírgenes”, sino reciclados, con etiquetas precarias, y de difícil lectura en una tela adhesiva con lapicera que, de acuerdo a su visión, dificultaban la identificación de los donantes.
Todas las partes mostraron particular interés por la cadena de custodia y el mantenimiento de la cadena de frío de las muestras. El representante de las hermanas menores también lesionadas, Guillermo Schmidt, presentó un perito con el fin de garantizar que el estudio se haga de forma correcta; y el especialista propuesto por Matías Morla, defensor de Jeréz, solicitó que se utilice una muestra mínima para garantizar una contrapericia, en caso de que sea necesario.
El documento presentado por Riglos ante el Ministerio Público Fiscal insiste en que la prueba pericial sanguínea es irreproducible, por lo cual requiere estándares estrictos de esterilidad y trazabilidad.
El penalista señaló que la presunta falta de claridad sobre el proceso de esterilización de los frascos reciclados pone en entredicho la correspondencia entre la muestra y el sujeto analizado, así como la validez de los resultados obtenidos.
Como medida concreta, la defensa pidió que se ordene la realización de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre remanentes y que se tomen nuevas muestras a los imputados para cotejar.
Planteó, además, la necesidad de requerir un informe técnico detallado sobre el método de esterilización aplicado a los frascos, el equipamiento utilizado, el profesional responsable, la certificación correspondiente y los protocolos seguidos para la reutilización de los recipientes.
Riglos fundamentó su solicitud en el derecho de defensa en juicio y en la garantía del debido proceso, aludiendo a normas constitucionales nacionales e internacionales.
Solicita, finalmente, que se suspenda toda valoración definitiva de los análisis de alcoholemia hasta que se esclarezcan las dudas sobre la integridad de las pruebas.
Este último punto buscaría demorar la decisión de la Justicia sobre la situación de Molinari, quien ya presentó en la causa la eximición de prisión. Es decir, no ir preso en caso de que se compruebe su responsabilidad en el accidente.
No obstante, fuentes con acceso al expediente señalaron a este medio que el pedido de Riglos no frenara el avance de la causa en manos del fiscal Sergio García.
Por el contrario, estiman que, para el fin de la temporada, el representante del Ministerio Público puede estar en condiciones de llamar a indagatoria a los imputados.
Inhabilitación de los conductores
El Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, confirmó la inhabilitación de los conductores involucrados en el caso Bastián, tras los hechos ocurridos en la zona de La Frontera, en el partido de Pinamar.
La medida, adoptada el 20 de enero pasado, se fundamentó en la realización de maniobras imprudentes que representaron un riesgo para terceros y fue reforzada luego de comprobarse por vía judicial que ambos presentaban alcohol en sangre.
La decisión afecta a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba Bastian, y a Manuel Molinari, al mando de la camioneta Volkswagen Amarok.
Según la resolución ministerial, la conducta de los conductores “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros”, especialmente en contextos donde la repetición de maniobras imprudentes podría causar consecuencias irreversibles o fatales.
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