La Policía Federal llevó a cabo un operativo en Puerto Iguazú, en Misiones, que terminó con la incautación de miles de bidones de aceite de oliva adulterado y la detención de la persona señalada como principal responsable de la maniobra ilícita.
La acción, supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, se originó tras una alerta internacional y puso el foco en una red dedicada a la distribución de productos no aptos para el consumo humano.
El caso se desencadenó en noviembre, luego de que el componente brasileño del Comando Tripartito -un acuerdo de cooperación que involucra a Argentina, Brasil y Paraguay- remitiera un informe a la División Triple Frontera de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según la información oficial, la investigación inicial se había iniciado en Foz do Iguaçu, donde las autoridades brasileñas habían decomisado aceite de oliva adulterado que circulaba en ese país y cuyo origen se rastreó hasta territorio argentino.
La información recibida impulsó a los efectivos federales a poner en conocimiento de los hechos al Juzgado Federal de Puerto Iguazú, conducido por el juez Marcelo Cardozo y la Secretaría de Carla Salomé Lentini.
El juzgado encomendó a la División la investigación del caso, con el objetivo de desarticular la operatoria y someter a los responsables al proceso judicial correspondiente.
Una de las primeras medidas adoptadas por la fuerza consistió en solicitar a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informes sobre el producto en cuestión. El organismo respondió que el aceite involucrado no figuraba en la base de datos oficial, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de una mercadería fuera de todo control sanitario.
Los investigadores lograron identificar al principal sospechoso, un ciudadano argentino de 53 años, cuya modalidad operativa incluía la adquisición de aceite de baja calidad, su mezcla y dilución con otros componentes, y el posterior envasado en botellas plásticas con etiquetas apócrifas de una marca bajo investigación. La mercadería era distribuida tanto en comercios locales como en puntos de venta internacionales dentro de la región.
“Se trataba de productos falsificados, elaborados sin ningún tipo de control sanitario y en clara infracción a la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, constituyendo un riesgo para la salud pública”, señalaron las fuentes oficiales.
Las tareas de campo también permitieron comprobar la existencia de siete inmuebles en Puerto Iguazú -entre locales comerciales, supermercados y depósitos- utilizados para el acopio y envasado del producto alterado.
A partir de las pruebas reunidas, el juzgado ordenó la realización de siete allanamientos simultáneos. Durante los procedimientos, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA detuvieron al principal investigado y secuestraron 2.190 bidones de aceite de oliva adulterado, siete tanques de acero con capacidad de 10.000 litros cada uno y dos tanques de 20.000 litros.
Además, se incautaron 60 cajas con bidones de cinco litros listos para su distribución, cuatro máquinas de envasado, 15.500 botellas, siete rollos de etiquetas, una suma aproximada de tres millones de pesos, 270 dólares estadounidenses, 719 reales, un camión, una máquina contadora de billetes, tres teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.
El detenido fue puesto a disposición del juez interviniente, junto con los elementos secuestrados, en el marco de la causa caratulada como “tráfico de mercaderías peligrosas para la salud”.
El procedimiento, en el que participaron distintas áreas de la Policía Federal Argentina, es parte de una estrategia de vigilancia y control en la Triple Frontera, un área reconocida por la circulación de bienes ilícitos y maniobras de contrabando.
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