La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor Romero y ordenó que la investigación por la desaparición y presunto homicidio de María Cash continúe, al considerar que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso.
La decisión, firmada este lunes por los jueces Santiago French, Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, marca un giro en una de las causas más emblemáticas de desaparición de mujeres en el norte argentino, a más de catorce años del hecho.
Fuentes del caso dijeron a Infobae que el fallo recoge la teoría de la Fiscalía, sobre todo la parte en que se da cuenta de los falsos testimonios de aquellos que dijeron que vieron cuando Romero dejó a María Cash.
El fallo responde a los recursos de apelación presentados por el fiscal general y el defensor público de la víctima, quienes cuestionaron la resolución del 12 de mayo de 2025 que había sobreseído a Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía.
Ambos acusadores sostuvieron que en primera instancia se realizó un análisis “parcial e incompleto” de la prueba, y que la desvinculación de Romero resultó “prematura y arbitraria”, ya que aún restan medidas de prueba pendientes que podrían esclarecer los hechos.
La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, General Güemes, al subir al camión conducido por Romero. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.
La investigación, que transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios, estuvo marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio.
El fiscal general argumentó que el sobreseimiento de Romero se dictó sin agotar la investigación y que “no existe la certeza negativa necesaria para desvincular al imputado”, lo que obliga a continuar con la pesquisa.
Entre las pruebas pendientes, destacó la necesidad de confrontar los estudios de geolocalización y velocidades del camión, así como profundizar en el análisis del entorno de Romero, donde se detectaron “conversaciones sospechosas” y posibles maniobras de encubrimiento. En palabras del fiscal, “resulta contradictorio que las mismas evidencias que antes sustentaron la detención e imputación de Romero, ahora sean consideradas insuficientes para continuar la etapa de instrucción”.
Por su parte, el defensor público de la víctima, en representación de la familia Cash, sostuvo que el fallo de primera instancia no alcanzó el estándar requerido para cerrar el proceso en la etapa de instrucción. Señaló que “en este tipo de casos gravísimos que involucran la desaparición de una mujer, existe por parte del Estado un deber de diligencia reforzado que impide clausurar el proceso cuando no hay certeza negativa, tal como ocurre en el presente, pues se encuentra probado que María Cash -luego de subir al camión de Romero y de interactuar con él- desapareció para siempre”.
La defensa de Romero, en cambio, pidió que se confirme el sobreseimiento, alegando que su asistido “se puso a disposición de la investigación y declaró voluntariamente”, y que los peritajes realizados por Gendarmería Nacional corroboran la verosimilitud de su versión. Sostuvo que no hay necesidad de renovar los estudios técnicos y que existen testigos que vieron a Cash con vida después de que Romero la dejara en la zona de la Difunta Correa.
La Cámara Federal de Salta, tras un extenso repaso de la prueba reunida y de las distintas líneas de investigación, concluyó que “existen indicios suficientes que, analizados de forma conjunta, concordante y correlativa, impiden arribar al convencimiento de que Romero es ajeno al homicidio de María Cash que se le atribuye; estándar que, en esas condiciones, no permite su desvinculación anticipada del proceso, máxime cuando restan medidas de prueba pendientes de producir que podrían contribuir a esclarecer los confusos hechos de este caso”.
El tribunal remarcó que el sobreseimiento en la etapa de instrucción “constituye una absolución anticipada” y solo puede dictarse cuando existe certeza sobre la inexistencia del hecho o la no participación del imputado. Citando doctrina y jurisprudencia, los jueces recordaron que “la duda no opera en esta etapa como lo hace en el juicio al momento de decidir la responsabilidad del imputado”, y que mientras subsistan hipótesis viables y medidas de prueba pendientes, corresponde mantener la investigación abierta.
Entre los elementos que sostienen la sospecha sobre Romero, la Cámara destacó que fue la última persona que estuvo con María Cash antes de su desaparición, que su versión presenta inconsistencias y que no existen testigos creíbles que hayan visto a la víctima en la zona donde él afirma haberla dejado. Además, subrayó que los testimonios de quienes dijeron haber visto a Cash con vida después de ese momento -como los Cuellar, Chuquisaca y Krilich- fueron descartados por contener falsedades y contradicciones, y que algunos de estos testigos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal tras ser imputados por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.
El fallo también analizó los resultados de los rastrillajes realizados en la zona de la Difunta Correa y Palomitas, que no arrojaron hallazgos relevantes, y cuestionó la interpretación de los peritajes sobre la maniobra de frenado del camión y los estudios de geolocalización, señalando que aún existen puntos técnicos sin dilucidar. En este sentido, ordenó renovar el peritaje de distancia, velocidad y frenado, y conformar una mesa de trabajo entre los peritos de Gendarmería Nacional y los del Ministerio Público Fiscal para esclarecer las diferencias en los análisis de las antenas telefónicas.
La Cámara también recomendó profundizar la investigación sobre el entorno laboral y familiar de Romero, ante la existencia de “conversaciones que evidencian una expectativa por parte del nombrado y su entorno respecto del avance de la causa”, y sobre la documentación aportada por su empleador, Miguel Segura, que presentó un remito con fecha inconsistente.
Entre las medidas sugeridas, se incluye la identificación de empleados del supermercado “Miguelito” que participaron en la descarga del camión el día del hecho, la verificación de la originalidad de los documentos respaldatorios del viaje y la posibilidad de realizar nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal, donde una denuncia anónima señaló que podría haberse arrojado el cuerpo de la víctima.
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