La Justicia de Corrientes ordenó a una entidad bancaria pagar una indemnización de más de $63 millones a una empresa productora de arándanos de esa provincia que fue víctima de una estafa virtual mediante una maniobra de phishing.
La firma, que tiene sede en la localidad de Bella Vista, sufrió transferencias no autorizadas desde su cuenta a terceros.
Según el fallo, que se conoció recientemente, pero fue dictado el 23 de septiembre pasado por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista, el caso se originó el 2 de diciembre de 2022.
Ese día, desde la cuenta corriente de la firma se realizaron diez transferencias ilegales por un total cercano a los $10 millones, que fueron detectadas rápidamente por el representante de la productora, quien hizo la denuncia policial y reclamó en el banco. La entidad no restituyó los fondos ni aportó soluciones a la empresa.
Las pericias informática y contable demostraron que se trató de un ilícito por phishing, es decir, una maniobra para obtener datos engañando a los usuarios, realizada desde otra localidad y sin que el sistema bancario activara alertas para prevenir la operación y frenara los movimientos sospechosos.
La jueza a cargo destacó que la confiabilidad de las plataformas online obliga a los bancos a garantizar la seguridad de las operaciones digitales. Según se detalló en un comunicado del Poder Judicial de Corrientes, “la responsabilidad del banco ante las estafas electrónicas bancarias es innegable”, amparada en la legislación de derechos del consumidor.
La magistrada recordó que el sistema normativo y las disposiciones del Banco Central exigen a las entidades financieras tomar recaudos para impedir fraudes y proteger a los usuarios, sin posibilidad de eximirse responsabilizando a la víctima.
En el mismo sentido, subrayó la naturaleza riesgosa de la actividad bancaria y la obligación de contar con mecanismos robustos de seguridad informática para garantizar la autenticidad de las operaciones.
Así las cosas, ordenó al banco devolver los $9.997.933,70 transferidos, abonar $749.000 por gastos judiciales y periciales, agregar $17.440.728,72 por la pérdida de oportunidad de inversión, y también $35.234.578 como daño punitivo ante la falta de respuestas satisfactorias de la entidad.
La suma de todas estas cifras supera los $63 millones, más intereses a la tasa activa del Banco Nación hasta el pago total.
El pronunciamiento marca un antecedente en Corrientes sobre la responsabilidad objetiva de los bancos frente a estafas digitales sufridas por empresas o consumidores.
La jueza reclamó la obligación de implementar mecanismos de prevención, sistemas de alerta y respuestas inmediatas, recordando que “no basta con ofrecer plataformas digitales: deben ser seguras y confiables”.
Los ciberdelitos, en aumento
Durante 2024, la ciberdelincuencia registró un incremento de 21,1% en todo el país, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
El año pasado se relevaron 34.468 reportes por delitos informáticos, frente a los 28.456 de 2023. El fraude en línea se ubicó como la modalidad más frecuente, alcanzando el 63% de los casos, seguido de la usurpación de identidad (13,5%), acceso ilegítimo a cuentas (8,3%), phishing (4,5%) y acoso (4,2%).
La UFECI, a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, señaló que el 56% de los fraudes ocurrió en operaciones de compra-venta por Internet y el 18% mediante homebanking.
Entre las nuevas tendencias, se encuentran delitos asociados a plataformas de inversión y ofertas laborales engañosas, donde muchas víctimas transfirieron dinero para liberar supuestos dividendos o comisiones.
Además, se detectó un alza en los delitos tras el robo de teléfonos celulares, que fueron aprovechados para acceder a redes sociales, billeteras digitales o cuentas bancarias.
Durante 2024, también hubo reportes de extorsiones con amenazas de difusión de información privada, a menudo mediante pedidos de pago en criptoactivos.
La fiscalía consignó a su vez un aumento de casos de ransomware y acoso digital, estos últimos alcanzando 1.458 denuncias, de las cuales 340 correspondieron a situaciones de violencia de género por medios digitales.
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