
Un hombre, de 72 años y nacionalidad chilena, fue detenido en el paso internacional de Monte Aymond, provincia de Santa Cruz, luego de que fuera identificado como un prófugo que era buscado por la Justicia de Chile por presuntamente haber abusado a una menor de edad.
La detención se concretó durante un procedimiento de control migratorio, cuando las autoridades detectaron que había una orden de captura vigente en su contra. En el operativo trabajó el personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y Migraciones de forma coordinada.
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Según confirmaron las autoridades, el hombre había sido denunciado por presunto abuso sexual contra un menor de 14 años. La orden había sido emitida por el Juzgado de Garantía de Castro, en la región de Los Lagos. Esta verificación motivó su inmediata aprehensión y posterior traslado a Punta Arenas.
Incluso, las autoridades indicaron que el sospechoso había transitado previamente por Río Gallegos y habría intentado ingresar a su país de origen. Tras concluirse el operativo, el comisario Leonardo Alegría, subjefe de la unidad especializada de la PDI, subrayó la relevancia del trabajo conjunto en la frontera.
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“En cumplimiento de nuestra labor de control, se logró la detención de este sujeto, quien será puesto a disposición de la justicia para resolver su situación procesal”, explicó el uniformado al medio La Opinión Austral. Asimismo, confirmó que el detenido ya estaba a disposición del juzgado.
No obstante, todavía quedaría pendiente determinar las medidas cautelares y los pasos procesales subsiguientes. Por este motivo, se barajaría la posibilidad de que el imputado permanezca en prisión preventiva o se le imponga alguna otra restricción mientras avanza el proceso.
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Detuvieron a un miembro del Tren de Aragua que había sido liberado por error
A mediados de agosto, un joven sicario de 18 años que sería integrante del Tren de Aragua, identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández, fue recapturado en la localidad colombiana de Barrancabermeja, luego de que fuera liberado por error en Chile. Al notarse la confusión, se había emitido una alerta roja en Interpol para que este volviera a ser detenido.
La detención se produjo luego de que las autoridades colombianas, en colaboración con la Oficina Central Nacional de Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), lograran identificarlo a pesar de que había modificado su aspecto físico, tiñéndose el cabello de rubio.
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El elemento decisivo para confirmar su identidad fue un tatuaje del rostro de Zeus en su mano derecha, registrado previamente por la PDI chilena. En principio, se sospechaba que este podría haber cruzado la frontera hacia Argentina, pero finalmente fue ubicado en Colombia.

Por este motivo, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz había solicitado a la población que reportara cualquier información relevante sobre el paradero del fugitivo. Incluso, las fuerzas de seguridad en Bariloche y Villa La Angostura habían reforzado los controles fronterizos, por si Mejía Hernández era detectado en alguno de los pasos.
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Tras su arresto, quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que inició de inmediato los trámites de extradición hacia Chile. En ese país deberá enfrentar cargos por homicidio calificado y responder por las irregularidades que rodearon su excarcelación.
El joven había sido detenido en Santiago de Chile el 20 de junio, acusado de ser el autor material del asesinato del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”, ocurrido en Ñuñoa un día antes. Las pesquisas apuntan a que el crimen estuvo relacionado con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
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De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, el sicario venezolano habría sido contratado por un conocido de la víctima. Los propios involucrados señalaron que el autor intelectual sería un ciudadano chileno con quien el hombre mantenía conflictos de índole amorosa.
El Octavo Juzgado de Garantía había ordenado el 9 de julio la prisión preventiva de Mejía Hernández, al considerar que representaba un “peligro para la sociedad” y existía un claro riesgo de fuga. Sin embargo, el 10 de julio, una resolución electrónica permitió su excarcelación.
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Hasta el momento, no se ha determinado si se trató de un error administrativo o de una manipulación deliberada del sistema judicial. A raíz de esto, se inició una investigación para determinar si habría existido complicidad interna o si el sistema habría sufrido una vulneración cibernética.
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