El juez Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo de Brasil, autorizó el viernes a la policía federal a tomar declaración al ex presidente Jair Bolsonaro en el marco de la investigación por la confiscación de una pistola registrada a su nombre, hallada en manos de un miembro de su equipo de seguridad durante un control de tráfico en Brasilia.
Según la documentación judicial a la que accedió la agencia AFP, el interrogatorio se realizará en el domicilio de Bolsonaro el próximo martes. El arma involucrada es una pistola Glock de nueve milímetros, encontrada el lunes pasado por agentes policiales.
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El hombre que portaba el arma declaró que pertenecía al equipo de seguridad de Bolsonaro y que la transportaba para someterla a reparación. De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, la custodia de seguridad había retirado el percutor del arma, lo cual la dejó inutilizable, sin informar de la medida al ex presidente.
El documento señala que esta decisión se tomó por los “medicamentos psiquiátricos que se le habían administrado al demandante y que podían afectar a su capacidad cognitiva”.
Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de más de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El ex presidente permanece bajo arresto domiciliario desde marzo para recuperarse de una neumonía, aunque las condiciones de su reclusión serán revisadas la próxima semana.
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Los abogados de Bolsonaro afirmaron que el arma estaba registrada legalmente a su nombre y almacenada en su vivienda, y rechazaron cualquier vínculo entre el hallazgo y la inminente revisión de su situación de arresto domiciliario.
El historial judicial de Bolsonaro incluye otro episodio en el que fue devuelto a prisión en noviembre pasado, tras haber quemado su brazalete electrónico utilizando un soldador, hecho que la Justicia interpretó como un intento de fuga. En ese entonces, la defensa argumentó que el incidente tuvo origen en una confusión mental provocada por medicamentos prescritos al ex mandatario.
El avance de la pesquisa surge luego de un duro revés para la familia del ex presidente brasileño: el ex diputado Eduardo Bolsonaro fue condenado el martes por el Tribunal Supremo de Brasil a cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto por coacciones a la justicia, tras gestionar ante el Gobierno de Estados Unidos la imposición de sanciones contra Brasil. La sentencia, dictada por unanimidad por los cuatro jueces de la Primera Sala, incluye además una multa de 100 salarios mínimos, equivalentes a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).
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A partir del fallo, el hijo de Jair Bolsonaro quedó inhabilitado políticamente durante ocho años y pierde su acta de diputado, la cual ya había quedado vacante en diciembre pasado por reiteradas ausencias a las sesiones de la Cámara baja. El exparlamentario reside desde febrero de 2025 en Estados Unidos, por lo que no estuvo presente en la audiencia y fue representado por un abogado de oficio.
Durante la exposición de motivos, Alexandre de Moraes sostuvo que el condenado admitió haber viajado a Estados Unidos en 2025 para promover sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con el objetivo de evitar una condena. “Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó De Moraes al fundamentar el voto, en una intervención transmitida por la AFP.
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El tribunal rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa, que alegó parcialidad del magistrado y deficiencias en la notificación. El defensor público Esdras dos Santos Carvalho argumentó que su cliente solo realizó una “interlocución política” y que no ejerció violencia ni amenazas graves, condiciones exigidas para el delito de coacción. Los jueces desestimaron esa postura y consideraron que el sistema judicial brasileño fue víctima de las maniobras.
El proceso se desarrolló en una sala integrada por magistrados de perfil progresista, entre ellos Cristino Zanin, ex abogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Dino, exministro del Gobierno de Lula.
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En el último año, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a varios jueces del Tribunal Supremo brasileño y aplicó aranceles a Brasil en el marco del proceso judicial contra Bolsonaro. El entonces presidente Donald Trump calificó el juicio como una “caza de brujas”.
(Con información de la AFP)
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