El destino del proceso contra la jueza Julieta Makintach se decide este martes, a partir del mediodía, donde el jurado de enjuiciamiento se encontrará en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para la audiencia en la que se evaluará si la acusación en su contra es aceptada.
No obstante, la magistrada que integró el primer tribunal del proceso judicial por la muerte de Diego Maradona y que luego fue removida por el escándalo que protagonizó, presentó diversos pedidos con el objetivo de postergar la realización de la audiencia que definirá su futuro. Los mismos se basaban en diferentes argumentos tales como el pedido de recusación formal contra Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de la que pidió su separación del proceso por considerar que existe una falta de imparcialidad. Esta situación surgió tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran que dejó al tribunal incompleto.
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En este sentido, el abogado defensor Darío Saldaño remarcó que, tras la renuncia, se convocó nuevamente a una audiencia aunque, según explicaron, no se respetó el procedimiento de designación y los plazos estipulados. A su vez, la selección y conformación de los conjueces legisladores que intervienen en el jurado no se concluyó tras la salida de Mandagarán.

Según pudo saber Infobae, el planteo de Makintach remite a criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)y la Suprema Corte de Justicia bonaerense, señalando que la conformación irregular de un tribunal resulta en nulidad absoluta del proceso y afecta la garantía del “juez natural”. Para la defensa de Makintach, tales fallas conducirían a un “perjuicio irreparable” al generar falta de igualdad procesal y dejar a la defensa en estado de indefensión.
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En ese sentido, alegó también que el juicio político resulta parcial mientras no se incluya como imputados a los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso, los otros dos que conformaban la terna en el juicio nulo por la muerte de Maradona. “El registro audiovisual cuestionado no fue clandestino, sino que respondía a una situación conocida por todos los miembros del órgano”, afirmó la defensa de la jueza en el escrito, donde apuntó directamente a sus ex compañeros, integrantes del TOC N°3 de San Isidro.
Según la visión de la jueza, la audiencia prevista para este el mediodía de hoy no debería realizarse hasta que se resuelvan previamente estos asuntos. Surge la incógnita sobre qué ocurrirá si el reclamo es desestimado y se permite que el proceso de admisibilidad continúe. Significa que el jurado evaluará si las pruebas ameritan someter a Makintach a un juicio político que podría finalizar con su remoción definitiva. En este momento, permanece suspendida provisoriamente.
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De los ocho denunciantes iniciales, cinco ratificaron sus presentaciones contra la jueza, quien quedó envuelta en controversia después de que su nombre apareciera vinculado al documental “Justicia Divina”, lo que motivó la anulación del debate.

Entre las imputaciones que hoy analizará el jurado figuran la impulsada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, la del Colegio de Abogados de San Isidro, distintas de legisladores, la denuncia de la Bicameral y la formulada por Julio Coria, custodio de Maradona, quien fue condenado por falso testimonio.
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Si finalmente se habilita el juicio político a Makintach, la dimisión presentada por la magistrada, actualmente en poder del gobernador Axel Kicillof, no podrá ser aceptada por el mandatario provincial y, al mismo tiempo, se dispone la suspensión y la reducción del 40% de su salario.
Finalmente, la propia acusada fue quien completó el trámite necesario para habilitar la audiencia de admisibilidad al presentar su defensa frente a las acusaciones.
Respecto de los señalamientos en su contra, sostuvo que resultan infundados y reiteró que nunca hubo una grabación ilegal. Aseguró también que “no intervino en ningún documental” sobre el caso, destacando que se trató de un proyecto externo que nunca prosperó, y precisó que la entrevista que brindó “ocurrió antes del comienzo del proceso, durante un día no laborable, sin interferir en sus tareas jurisdiccionales”.
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Negó igualmente que hubiera existido un “libreto” para el debate, al señalar la ausencia de elementos objetivos que fundamenten esa acusación.
Del mismo modo, rechazó verse involucrada en mal desempeño, abuso de autoridad, uso indebido de fondos públicos o faltas a sus deberes de jueza, al remarcar que no existen pruebas concretas que respalden tales imputaciones. Insistió en que todas las determinaciones del tribunal fueron tomadas en conjunto, por lo que no corresponde individualizar responsabilidades en un solo magistrado respecto de decisiones adoptadas en forma colegiada.
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