
El Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó este viernes la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América, del Club Atlético Independiente, tras los graves incidentes ocurridos el miércoles durante el partido contra Universidad de Chile.
El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como “extremos e inhumanos”.
En su resolución, el juez consideró que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo” y prohibió la realización de espectáculos deportivos con público en el estadio hasta que las autoridades presenten un plan conjunto de seguridad.
En el escrito, al que accedió Infobae, el juez se aclara que el Rojo puede disputar el partido previsto para este domingo contra Platense, pero a puertas cerradas. La otra opción que propuso es que elijan otra cancha para ser locales.
La orden de clausura y suspensión es por tiempo indeterminado. En este sentido, el tribunal también requirió al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe y acompañe lo acordado entre los organismos involucrados, y que aclare si existen condiciones de seguridad suficientes para prevenir la repetición de incidentes similares.
“De estimarlo pertinente, se podrán disponer audiencias de control para con los involucrados, con la asistencia de este representante de la sociedad para ir analizando la viabilidad del levantamiento total o parcial de la medida que ahora insto en el mayor interés de la sociedad que requiere de una oportuna y rápida intervención de la Justicia. Ello en razón de los argumentos vertidos en su presentación en análisis", se destaca en el fallo.
El pedido del fiscal
Al solicitar la medida de clausura y suspensión, el fiscal Zitto dio detalles de su investigación y describió que “la inaudita irrupción de una gran cantidad de hinchas del Club local a la tribuna del sector visitante dieron lugar a un nivel de violencia extremo e inhumano, con agresiones de todo tipo que fueron de público conocimiento”.
Según el requerimiento, los incidentes comenzaron incluso antes del inicio del espectáculo deportivo, con destrozos en las instalaciones de la tribuna visitante, incluyendo la destrucción de sanitarios, el buffet y cámaras de seguridad. Parte de la parcialidad visitante arrojó escombros y materiales hacia el sector local, lo que incrementó la tensión y la violencia.
En este contexto, el fiscal sostuvo que la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el Club Atlético Independiente, resultó insuficiente para contener los disturbios. Asimismo, señaló que la policía provincial solo actúa como refuerzo en las inmediaciones del estadio, mientras que la seguridad interna depende del club, modalidad que, en partidos internacionales, responde a exigencias de la CONMEBOL.
Zitto también señaló que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre” y que no se observó una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la policía.
Tras su análisis, determinó que hubo una clara falta de organización y ausencia de roles claros en la prevención de incidentes. También resaltó la facilidad con la que los hinchas locales accedieron al sector visitante y la imposibilidad de las fuerzas de seguridad para detener a los agresores, incluso cuando el enfrentamiento ya había disminuido en intensidad.
Por este motivo, concluyó: “No están dadas las condiciones preventivas mínimas que aseguren que frente al desborde de la parcialidad local o un enfrentamiento con el público visitante, exista una coordinación que permita la pronta intervención de las fuerzas de seguridad policial”.
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