Después de haber transcurrido más de un año del ataque a tiros a un micro que trasladaba agentes penitenciarios desde la cárcel de Piñero, las autoridades del Gobierno de Santa Fe informaron que comenzarán con las audiencias imputativas contra los acusados.
El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Federico Rébola, anticipó en conferencia de prensa que imputarán tanto al instigador como a los autores materiales del grave atentado, al que vinculó directamente con las políticas carcelarias implementadas en los inicios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El atentado al micro del Servicio Penitenciario se produjo cerca de las 11 de la mañana del 2 de marzo de 2024, en la intersección de Circunvalación y Palliere, barrio Rucci, en la zona norte de Rosario. El colectivo, perteneciente a la empresa Laguna Paiva y contratado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, regresaba desde la cárcel de Piñero con el personal en su interior. En ese trayecto, un automóvil sin patente y con vidrios polarizados se puso a la par del ómnibus y abrió fuego en al menos nueve ocasiones.
Cococcioni definió el ataque como “un acto de represalia de las organizaciones criminales”, orientado a frenar los cambios en el sistema penitenciario que fueron impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro al poco tiempo de asumir en diciembre de 2023, según detalló el portal La Capital. El funcionario señaló que el hecho se produjo en un contexto de “acciones firmes” del Gobierno provincial contra el crimen organizado y advirtió: “No vamos a retroceder ni un milímetro”. En este sentido, explicó que el ataque respondió a “la reforma de los protocolos de requisas, en la restitución del régimen de alto perfil y en términos generales en el endurecimiento de condiciones carcelarias, principalmente para los líderes de las organizaciones criminales”, que el Gobierno provincial estaba llevando a cabo.
Además, remarcó que el objetivo de los atacantes era abiertamente homicida y que los hechos se inscriben en una violenta seguidilla de actos que, en esa misma semana, incluyó cuatro asesinatos de trabajadores y otros atentados en la ciudad. “Fue uno de los primeros actos de represalia de las organizaciones criminales, fundamentalmente en respuesta a las políticas penitenciarias iniciadas el 11 de diciembre de 2023”, recordó el ministro.
Durante la audiencia, Rébola llevó la acusación contra W.G., alias “Viejo”, identificado como el organizador e instigador del ataque, quien actualmente se encuentra detenido y condenado por homicidio. Es señalado por la justicia como jefe de una red dedicada al narcomenudeo que operaba no solo en Capitán Bermúdez sino en varias localidades de la región. Según la Fiscalía, desde la prisión coordinó el ataque en represalia a las nuevas condiciones de detención.
El fiscal también confirmó que serán presentados cargos contra los autores materiales, a quienes se les imputará por tentativa de homicidio, y se sumarán acusaciones por un ataque frustrado con un arma de fuego en enero del mismo año, contra clientes de un bar de la zona de La Florida. De acuerdo con la información detallada por el portal Rosario 3, la agrupación criminal tiene entre 11 y 13 integrantes al mando de un recluso de alto perfil de la cárcel de Piñero.
Uno de los disparos de aquella mañana de marzo hirió de refilón a un oficial en la cabeza. Otros dos agentes resultaron con escoriaciones leves en rostro y piernas a causa de la rotura de los vidrios por los balazos.
El jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, explicó que el micro transportaba oficiales hacia el norte santafesino. Tras el hecho, el auto de los agresores se dio a la fuga a gran velocidad. El procedimiento posterior incluyó un amplio operativo policial de corte de calles en la zona y el resguardo de la escena por parte de la Policía de Seguridad Vial y criminalística, donde encontraron en el micro un mensaje intimidatorio.
“Quienes están presos van a seguir presos, y si no lo entienden, la van a pasar mal”, afirmó Cococcini aquel día.
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