Mientras la Cámara Penal continúa evaluando las apelaciones presentadas contra las prisiones preventivas de trece policías y tres civiles acusados por el millonario desfalco de fondos públicos destinados a la carga de combustible para móviles policiales, un nuevo nombre se sumó en las últimas horas a la extensa lista de imputados en la causa. Se trata de un subinspector que presta servicios en el Escuadrón de Caballería y Sección Perros de la Unidad Regional II, identificado como Juan H., cuya detención fue ejecutada el martes por la noche por personal de Asuntos Internos, tras un allanamiento en el marco de la investigación.
Según confirmaron fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad al medio local Rosario3, el agente será imputado en las próximas horas por el fiscal José Luis Caterina, bajo sospecha de haber incurrido en malversación de caudales públicos, defraudación a la administración pública y sustracción de fondos estatales. Su arresto representa un nuevo avance en una causa que ya sacudió las estructuras jerárquicas de la Policía de Rosario.
El caso tuvo su punto de inflexión el 15 de mayo, cuando el juez provincial Gustavo Pérez Urrechu dictó la prisión preventiva para 13 efectivos policiales y cuatro personas vinculadas a la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900. Tres de los cuatro civiles también quedaron detenidos, mientras que una empleada administrativa recuperó la libertad, aunque con reglas de conducta que deberá cumplir por seis meses.
De acuerdo con lo que explicó el fiscal Caterina, los uniformados —entre ellos varios con cargos jerárquicos— concentraban las tarjetas de débito Visa Flota, que deberían estar asignadas de manera individual a cada móvil o chofer. Con esas tarjetas, se realizaban simulaciones de cargas de combustible con facturación inflada o completamente falsas, sin entrega real de nafta. Las maniobras eran documentadas en planillas adulteradas y respaldadas con tickets apócrifos, en un esquema que funcionó durante al menos diez meses.
La estación de servicio involucrada operaba bajo la razón social Gas Auto Tiferno S.A.. Según la investigación, sus responsables eran una pieza clave para ejecutar el circuito fraudulento. En paralelo, un informe de Asuntos Internos permitió detectar que en julio de 2024, al menos 85 patrulleros figuraban como fuera de servicio, pero aparecían cargando combustible en los registros oficiales. Un caso concreto del expediente señala que el Fiat Cronos N° 10.770 del Comando Radioeléctrico cargó 730 litros, cuando el recorrido registrado indicaba que solo debió consumir unos 560.
Con el correr de la investigación, se fueron conociendo otros ejemplos similares. El fiscal expuso en audiencia fotos de policías retirando dinero en efectivo —ya sea de civil o en uniforme— cada quince días en la estación de servicio, utilizando sobres de papel madera o cajas. La evidencia recolectada también incluyó intervenciones telefónicas y dispositivos GPS colocados en patrulleros, con el fin de cruzar recorridos reales y consumos reportados.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo, durante los allanamientos de la semana previa a las imputaciones, de posnets pertenecientes a la estación de servicio en domicilios particulares de algunos agentes. También se incautaron rollos de papel térmico y, en una de las viviendas, 25 millones de pesos, 9.000 dólares y cuatro neumáticos que no estaban vinculados a compras personales declaradas.
El nuevo detenido, Juan H., será acusado formalmente en las próximas horas. Su rol dentro del esquema aún no fue detallado por el Ministerio Público de la Acusación, pero su lugar de desempeño en la Sección Perros y Caballería lo vincula directamente con otras figuras claves del caso, como el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, ambos ya bajo prisión preventiva.
La causa sigue su curso, mientras la jueza Gabriela Sansó, integrante de la Cámara Penal, analiza los planteos realizados por las defensas, que apuntan a falta de evidencia directa contra algunos imputados y sugieren que habría más policías involucrados que no fueron aún citados a declarar. El Ministerio Público, por su parte, sostiene que las pruebas acumuladas permiten sostener las medidas dispuestas y que la estructura delictiva contaba con un nivel de coordinación que comprometía tanto a la fuerza como a actores civiles.
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