Tras una larga investigación, el Tribunal conformado por los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas y Gonzalo Fernández Bussy sentenció a Samanta Joana Vilches a 19 años de prisión por su papel como organizadora en una red de extorsiones a comerciantes.
La condena alcanzó, además, a Vanesa Luna, quien deberá cumplir una pena de siete años, y a Lucas Robay Romagnoli, sobre quien recayó una pena de seis años. Ambos también fueron considerados responsables de participar en las maniobras de extorsión, aunque la estructura fue encabezada por Vilches bajo el liderazgo de su ex pareja, el recluso Fabio Giménez.
El fiscal Pablo Socca alertó en su alegato sobre la “alarmante ausencia de control, o connivencia, de las autoridades encargadas de la custodia” de los detenidos. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Rosario3, cobraran dinero a cambio a los comerciantes a cambio de “protección”, según informó el portal Rosario3.
Hasta su detención en mayo de 2022, Vilches mantenía una relación íntima y de visitas con Fabio Giménez, quien se encontraba en la cárcel de Coronda. Giménez tenía antecedentes por dirigir una red delictiva con eje en extorsiones y homicidios por encargo, tercerizando las tareas a familiares, menores de edad o “tiratiros” contratados.
A Vilches se le atribuyó la función de organizadora dentro de la asociación ilícita. Su tarea principal consistía en seleccionar objetivos, reunir información y transmitirla a Giménez. En los hechos juzgados, realizó tareas de inteligencia para identificar a las víctimas, tales como obtener fotografías y detalles de sus círculos familiares, que luego eran utilizados para intimidarlas y reclamarles dinero.
La condena recayó sobre Vilches por dos extorsiones agravadas consumadas y otras dos intentadas, además de su responsabilidad en la organización de la asociación ilícita.
La investigación expuso el modo de operar del grupo: los integrantes contactaban a los comerciantes, enviaban mensajes extorsivos y, en ocasiones, realizaban ataques armados como advertencia.
Uno de los casos emblemáticos fue el de un empresario de mudanzas de Rosario, quien recibió amenazas tras el seguimiento realizado por Vilches. Otro episodio afectó al dueño de un comercio en barrio Las Heras, zona sur de la ciudad, cuya fachada fue atacada a tiros tras negarse a pagar la “protección” exigida. Bajo presión, la víctima terminó entregando 280 mil pesos.
En su exposición ante los jueces, el fiscal Socca detalló cómo Vilches se encargaba de “seleccionar” los objetivos, conseguir números de contacto y transmitir la información a Giménez, que comandaba todo desde su celda, valiéndose de celulares ingresados de forma ilegal a los pabellones.
El fenómeno de las amenazas a comercios se consolidó en Rosario a partir de 2022. Según describió el fiscal en el juicio, ese año las bandas carcelarias sumaron el cobro de “protección” como nueva fuente de ingresos; una actividad fácil y a bajo riesgo, organizada desde el encierro. Citaron los mensajes y hechos violentos a modo de presión: “Solo se necesitaba dejar un cartel con un número de teléfono y –a veces– cometer una balacera para aumentar el pánico de las víctimas y así doblegar su voluntad”, expuso Socca al describir la dinámica delictiva.
Fabio Giménez representa al tipo de recluso que amplía su accionar criminal desde el interior de las cárceles. A inicios de 2021, purgaba una condena por robo calificado. Tiempo después, su nombre apareció vinculado a homicidios por encargo, entre ellos el de Nicolás “Fino” Ocampo, relacionado a Esteban Alvarado, por lo que terminó con prisión perpetua en 2024.
Por las extorsiones, Giménez ya había sido condenado a quince años adicionales tras admitir, a través de un acuerdo, haber dirigido una serie de amenazas y cobros forzados en comercios de Villa Gobernador Gálvez y Rosario. El funcionamiento se valía del aporte de sus parejas y colaboradores dentro y fuera de la cárcel.
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