Valeria A. estaba de oferta a fines de junio último: “Se siguen llenando libretas, certificado médico, recetas de todo tipo, papel de embarazo”. Publicaba en su muro: “Escribime al WhatsApp”. Allí, adjuntaba su número de teléfono. Parecía una oferta tentadora, si uno deseaba zafar del trabajo por un día, o dos, o más, o tal vez conseguir algún psicofármaco.
La mujer, oriunda de Guernica, terminó detenida esta semana por la Policía Bonaerense, acusada de los delitos de usurpación de títulos y honores y falsificación o adulteración de material o documento y falsificación de sellos oficiales, con una causa a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI N°1 de Presidente Perón.
Otros cinco cómplices cayeron junto a ella.
El expediente comenzó el 14 de julio pasado, con una denuncia de una médica del hospital Grierson de Guernica, que llegó al perfil de Valeria A.. La mujer vio varios documentos. Allí, precisamente, notó un sello con su nombre, en un certificado con una firma que ni siquiera se parecía a la suya. Entonces, realizó la denuncia, que quedó en manos del fiscal Condomí Alcorta.
Así, comenzó la investigación. Se descubrió el tarifario de la banda: cinco mil pesos por una receta, 15 mil por un certificado médico de larga excusa.
El fiscal encargó tareas a la brigada de la Comisaría 2° de la zona. Así, se contactó a Valeria A., y se decidió una entrega controlada. Condomí Alcorta plantó un policía encubierto que pactó una compra con la mujer investigada.
Un sospechoso que entregó un certificado trucho, que indicaba un reposo por 48 horas por una gripe con la firma de una supuesta médica del hospital Grierson, fue detenido, lo que llevó a un allanamiento de urgencia donde se encontraron 35 sellos de distintos médicos y especialidades, dos teléfonos celulares y dos aparatos de cobro. Valeria A. fue identificada poco después.
La polémica por el procedimiento
Sin embargo, el Juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas no estuvo de acuerdo con la metodología. Condomí Alcorta requirió las detenciones de Valeria A. y del hombre del certificado, pero el magistrado Martín Rizzo decidió denegarlas y anular los procedimientos en un fallo firmado en las últimas horas.
“Adelanto que no habré de ratificar el allanamiento producido de conformidad con el artículo 59 del Código Procesal, en virtud que el accionar que originó la presente resultó en violación a las garantías de los imputados, como también denegaré las detenciones pretendidas”, aseveró Rizzo.
La Corte Suprema, asegura Rizzo, estableció que “el agente encubierto no se involucre de tal manera que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en la cabeza del delincuente”.
Y continuó: “El accionar de los funcionarios policiales, fue determinante para la comisión del hecho”. Lo hizo citando la doctrina del “árbol envenenado”, frecuente en el derecho penal.
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