“Hasta que no recibí mi nuevo DNI, ejemplar C, no podía salir del país, votar ni anotar a un hijo recién nacido. Y, si me moría, no se podía certificar que era yo”. Fernando traslada la angustia en su voz durante la charla telefónica con Infobae, recordando el mal trance que pasó cuando, de repente, le aparecieron deudas por un total de 60 millones de pesos.
El caso de Fernando es muy similar al del vecino de Tandil al que le tramitaron un ejemplar nuevo de su documento con el que le sacaron préstamos y créditos en la provincia de San Juan por $11.412.000. Esa causa que tiene cuatro detenidos entre los que está la jefa a cargo del área de DNI en el Registro Civil del departamento Pocito.
Justamente, el hombre que tramitó el ejemplar B del documento de Fernando también es de San Juan, de Chimbas. Se llama Marcelo Omar Cardozo, está casado, tiene 47 años y trabajó para el Gobierno sanjuanino. La víctima tiene las imágenes de las validaciones biométricas que usó en los diferentes bancos para hacer crecer la deuda del titular de esa identidad a más de 60 millones de pesos.
El drama para Fernando comenzó en marzo pasado cuando le llovieron reclamos de deudas de bancos, financieras y casas de electrodomésticos que él no había tomado. Algo sospechó porque a un colega le había pasado lo mismo en diciembre pasado y enseguida se asesoró legalmente.
Lo primero que hizo fue ver lo que debía: “En marzo eran 17 millones de pesos, el pico fue de 60 y ahora estoy en 34″, detalla Fernando y aconseja checar en Migraciones cuál es el ejemplar del DNI que tienen como válido. Cuando él se fijó había un B que nunca había sacado, pero sí lo había hecho otra persona en San Juan, la que había consumido la plata que le reclamaban a él.
Ahí comenzó el periplo. Denunció en Defensa del Consumidor, en la Justicia y, sobre todo, notificó a sus acreedores. “No me fía ni el kiosquero de la esquina”, dice en chiste una cruel verdad. Hasta que no pudo sacar un nuevo ejemplar de su documento no podía hacer nada.
“Tuve que ir a la casa central de Renaper con mi partida de nacimiento, mi hermana y la libreta de matrimonio de mis padres para certificar que era yo”, describe parte de los trámites que ha tenido porque alguien le robó su identidad y lo llenó de deudas.
“La semana pasada me llegó la carta documento donde el Renaper admite que fue mal otorgado el ejemplar B de mi DNI. Me sirve para demostrar que yo no tomé esas deudas, pero aún no me han liberado de todo, debo 34 millones”, dice con una calma que asombra.
El caso Tandil
El caso de Fernando y de su colega es similar al del vecino de Tandil que descubrió el caso y terminó con cuatro detenidos: el 11 de julio pasado, la Justicia Federal dispuso que Natalia Castillo, la jefa a cargo del área de DNI en el Registro Civil del departamento Pocito, provincia de San Juan, fuera trasladada al penal de Chimbas bajo prisión preventiva.
Está acusada de presuntamente formar parte de una banda dedicada a la falsificación de documentos y que habría realizado la estafas al tandilense, un calco de lo que padeció Fernando.
La causa contra los cuatro detenidos está bajo investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan.
Fue el fiscal quien dispuso la detención de cuatro personas. Además de Castillo, también fueron detenidos Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide, un hombre conocido por sus antecedentes de estafa y que se encuentra en prisión domiciliaria; su hijo Rodrigo Navarro Pozo; y Marcos Esteban Vallejo.
El origen de la investigación se debió a una denuncia realizada por un vecino de la localidad de Tandil, quien en diciembre del año pasado notó que alguien le había robado su identidad cuando comenzaron a llegarle deudas por préstamos y créditos en San Juan por un total de 11.412.000 de pesos.
Luego de que el Registro Nacional de Personas (RENAPER) confirmara que el DNI del hombre había sido renovado en el Registro Civil de Pocito, detectaron que ese documento llevaba la fotografía de otra persona. Por medio de la realización de peritajes que incluyeron técnicas de reconocimiento facial, las autoridades determinaron que la cédula le había sido entregado a Marcos Esteban Vallejo, quien contaba con domicilio en Chimbas.
Los investigadores plantearon como hipótesis que los tres hombres habrían constituido una banda con la empleada del Registro Civil, quien se cree que habría provisto el acceso a las bases de datos y a la impresión de las documentaciones falsificadas. Así, Castillo se los habría entregado a sus supuestos cómplices, para que llevaran a cabo las defraudaciones.
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