La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, presentó su informe anual sobre secuestros extorsivos. Según el relevamiento, durante 2024 se registraron 22 casos en Argentina. Y un 46% de esos hechos estuvo asociado a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales.
El informe detalla la evolución de este delito en la última década. Por ejemplo, en 2015, UFECO contabilizó 294 episodios; pero la cifra descendió progresivamente: 227 en 2016, 185 en 2017, 111 en 2018, 44 en 2019, 48 en 2020, 30 en 2021, 27 en 2022 y 16 en 2023, el número más bajo de los últimos diez años.
Respecto al año pasado, la distribución de los secuestros por jurisdicción federal fue la siguiente: 6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en San Martín, 5 en La Plata, 3 en Tucumán, 1 en Mendoza, 1 en General Roca-Viedma y 1 en Rosario. En este sentido, la UFECO destacó la concentración de casos en la capital y en el sur y oeste del conurbano bonaerense, junto a un aumento en el interior, especialmente en Tucumán.
En la comparación entre 2023 y 2024, el informe señala que el promedio mensual pasó de 1,33 a 1,83 secuestros. No obstante, consideró que este aumento no resulta suficiente para suponer un cambio de tendencia en la baja sostenida que se observa desde la creación de la ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (2016) y su sucesora, la actual UFECO (2023).
Criminalidad organizada y características del delito
La UFECO subrayó que el leve incremento de casos en los últimos años se vincula con secuestros asociados a la criminalidad organizada. En 2023, el 37% de los secuestros tuvo relación con el narcotráfico o con ajustes de cuentas; en 2024, este porcentaje ascendió a 46%, con un 32% directamente ligado al narcotráfico y un 14% a ajustes de cuentas.
El informe precisa que en los últimos tres años cambiaron las motivaciones y características de los secuestros extorsivos, con una mayor vinculación a otros delitos de criminalidad organizada. Se identifican situaciones relacionadas con el cobro de deudas o actividades delictivas previas, a diferencia de los denominados “secuestros exprés” predominantes hasta 2020-2021. Esos hechos se caracterizaban por su corta duración, menor a seis horas, sin una conexión previa verificable entre víctima y victimario, más allá del propósito de exigir un rescate.
El relevamiento de UFECO también incluye variables como modalidad de captación, pago y liberación, localización de las distintas etapas del hecho, duración y perfil de las víctimas. En 2024, se identificaron 24 personas afectadas: 88% hombres y 12% mujeres, en su mayoría mayores de 18 años.
Una de las últimas medidas del gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, es la orden de que todas las fuerzas policiales y de seguridad federales propongan a los jueces intervinientes la realización de investigaciones patrimoniales y financieras simultáneas a las medidas de prueba habituales, en causas vinculadas a la criminalidad organizada. Esto abarca delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento.
La medida fue adoptada a través de la una resolución firmada por laministra de Seguridad de la Nación,Patricia Bullrich, y tiene como eje el fortalecimiento del abordaje patrimonial frente a las estructuras delictivas que operan en el país.
El texto oficial instruye específicamente a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal a que, en casos de delitos complejos y organizados, propongan al Poder Judicial medidas financieras y patrimoniales en paralelo a las investigaciones penales ordinarias, con foco en el universo de personas involucradas en el expediente.
Además, se establece la obligación de que estas fuerzas informen mensualmente al Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, la cantidad de investigaciones patrimoniales y financieras realizadas, con fines estadísticos y de seguimiento institucional.
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