Florencio Varela: acusan a una escuela de “inflar” el padrón de estudiantes para quedarse con el dinero del comedor

Una grave acusación de malversación de fondos afecta a una escuela de educación especial del municipio de Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires (GBA).

Según denunció en la Justicia una de las cocineras, los directivos de la Escuela de Educación Especial N.º 501 habrían montado un esquema fraudulento en el que inflaban la cantidad de alumnos que asistían al comedor para quedarse con los fondos asignados. Todo esto, con la complicidad de los proveedores.

“Yo veía que nos faltaban cosas, que no venían. Pollos venían tres, venía muy poco para, supuestamente, 320 chicos. En realidad, venían 100″, comenzó relatando al respecto Karina Macedo, quien advirtió la situación en 2023.

La mujer sostuvo que se trataba de un acuerdo entre la vicedirectora, su secretaria y el proveedor. “Aunque los chicos no venían, le firmaban el remito igual, como que había venido. Después arreglaban por plata, calculo yo”, detalló, en diálogo con Radio Mitre.

La denuncia plantea dos irregularidades simultáneas: por un lado, que la escuela recibiría menos alimentos de los que debería según la cantidad de alumnos; y por otro, que se estarían comprando más alimentos de los necesarios. Ese excedente no llegaría nunca a destino, por lo que ambos puntos no se contradicen.

Se realizaron dos allanamientos, al Consejo Escolar de Florencio Varela y en la misma institución, en medio de una investigación a cargo del fiscal Federico Pagliuca.

Durante los procedimientos, se secuestró un gran volumen de documentación relacionada con remitos, licitaciones con empresas proveedoras de alimentos, transacciones y el sumario que se había iniciado en el propio Consejo tras la denuncia de la auxiliar.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que, tras el secuestro de los archivos, se realizará una pericia contable. También se verificará cuántos alumnos tenía la escuela durante el período en cuestión, cuántos alimentos se compraban y cuántos efectivamente se recibían.

Aún no hay imputados. La Justicia deberá determinar si la responsabilidad recae en los proveedores, los directivos o el Consejo Escolar.

Si se comprueban los hechos denunciados, la investigación podría derivar en una causa por malversación de fondos o defraudación por administración fraudulenta.

Según pudo averiguar este medio, la auxiliar trabajaba en la cocina de la escuela, por lo que era ella quien recibía la comida y firmaba los remitos. Ahora queda en la Justicia confirmar si estas informaciones tienen algún asidero real.

Macedo denunció que fue atacada con un cuchillo y amenazada de muerte. Según su relato, luego de presentar la denuncia, un hombre encapuchado y con barbijo la siguió y le advirtió que debía irse de la escuela, porque “la próxima vez” le iban a “pegar un tiro”.

“Me cortajeó todo. En ese momento, no había sentido porque puse los brazos, y después, sentí el ardor. Estaba toda cortajeada”, relató, sobre el episodio ocurrido a fines del año pasado. Afortunadamente, un joven que transitaba por el lugar advirtió la situación y gritó, haciendo que el agresor huyera.

“Estando presentes los consejeros escolares, se entrega toda la documentación solicitada ajustándonos a derecho. Aclaramos que nunca la Justicia solicitó información a este consejo. El procedimiento se realizó con tranquilidad y respondiendo a cada uno de los requerimientos”, indica el comunicado del Consejo Escolar, tras el allanamiento ocurrido el pasado 6 de junio.

Publicado en redes sociales, el texto agrega: “Este Consejo Escolar siempre proporciona y proporcionará todos los datos que la Justicia y la Comunidad Educativa requieran. Nosotros, los Consejeros Escolares, no mentimos, no damos datos falsos, no limitamos información ni la parcializamos”.

Según reconstruyó El Diario Varelense, Macedo trabajó durante 21 años en la escuela para chicos con discapacidades, hasta 2023. Tras ser trasladada de portera a cocinera, denunció el sospechoso manejo de los alimentos.

En un principio radicó la denuncia en la Dirección Provincial de Escuelas, y en 2024 la hizo en la Justicia.