Rosario: archivaron la acusación contra Mauro Scaloni por extorsiones sexuales

Mauro Sebastián Scaloni, hermano del director técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni, quedó desvinculado de una compleja investigación penal por extorsiones sexuales que lleva adelante la fiscal Viviana O’Connell del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Por este legajo ya hay siete personas imputadas.

La resolución tomada por la propia fiscal consta de 20 páginas y asevera que en el transcurso de la causa no se pudo vincular a Mauro Scaloni con los hechos investigados, que ocurrieron entre mayo de 2020 y marzo de 2022, tiempo en el que funcionó un grupo de Telegram en el que, según O’Connell, sus integrantes enviaron fotos íntimas de mujeres o videos sexuales caseros acompañados con datos personales de las personas fotografiadas o filmadas, en algunos casos, sin su consentimiento.

“Tuvo que soportar que su apellido quede pegado a una investigación incompleta y apresurada. Se afectó innecesariamente su imagen pública”, dijo Gustavo Franceschetti, uno de sus defensores particulares, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Por esta causa, Scaloni había sido demorado el 14 de marzo del año pasado mientras realizaba un trámite en la embajada de los Estados Unidos, en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día también hubo allanamientos en Rosario, Zavalla y Pujato, donde se secuestraron celulares, computadoras y pendrives.

Por el legajo ya fueron imputados Tomás Miniello, Kevin Perucca Dubini, Tiago Toro, Luis Miguel Bonacci, Matías Dose, Franco Ferraris y Tobías Cortella. Para la fiscal, todos integraron una presunta asociación ilícita en concurso real con publicación, ofrecimiento, facilitación y divulgación de imágenes pornográficas donde se exhibía a menores de edad.

Para O’Connell, Tomás Miniello fue el presunto jefe al ser el administrador del grupo de Telegram, mientras que los otros coimputados fueron considerados presuntos miembros. Según agregaron, los que formaban parte del chat ingresaban con otra identidad, y en algunos casos las fotos y videos que enviaron habían sido obtenidos “por medios ilícitos, como amenazas coactivas o hackeo de cuentas”.

“Los imputados difundieron fotografías y videos de contenido sexual que no estaban destinados a ser vistos por terceras personas, y aprovechándose de que las mismas por el desconocimiento de las maniobras desplegadas no podían consentir libremente, fueron expuestas a ser vistas por un sinnúmero de individuos, con el solo fin de satisfacer las pretensiones de los ofensores en un número indeterminado de veces”, comentó la fiscal durante una de las primeras audiencias sobre el caso.

Para la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, todos los hechos “fueron cometidos en una clara situación de violencia, dominio y sometimiento por su condición de mujeres, al hacer circular fotos y filmaciones de las víctimas en contra de su voluntad, tratándolas como objetos sexuales para la recreación y el disfrute de los hombres, vulnerando su condición de personas iguales, lo que implica un contexto claro de violencia de género”.

A uno de los imputados, Kevin Peruca Dubini, además le atribuyeron haber contactado a finales de septiembre de 2020 vía mensaje directo de Instagram a una mujer que había sido filmada sin su consentimiento cuando era menor de edad para amenazarla con dar a conocer videos suyos en caso de no darle dinero. El acusado, para llevar adelante esa extorsión, usó un perfil falso de Instagram.

En agosto del año pasado, en medio de una de las audiencias por esta causa, O’Connell contó que la víctima “continúa siendo hostigada y amenazada por redes sociales por diferentes perfiles que recibieron los mismos videos”. Añadió también que la mujer había sido grabada cuando tenía 15 años.