A finales de 2021, la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, fue escenario de un crimen que sigue sin esclarecerse. Cuando faltaban unas pocas horas para Nochebuena, fue encontrado el cuerpo de Patricio Matías Sills, de 41 años, con un tiro en la frente. A más casi cautro años años, los responsables del homicidio aún no han sido identificados. Por esto mismo, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el hecho.
Sills, que llevaba unas horas desaparecido, fue hallado el 24 de diciembre por una persona que pasaba por un basural cercano a la Fundación Viaje de Vuelta y dio aviso a las autoridades. De esta manera, el personal de la comisaria local arribó a la zona y los investigadores realizaron las pericias correspondientes.
Tal como arrojaron las pericias, el hombre fue asesinado de un disparo en la frente, sin orificio de salida, con un arma un calibre 9mm. Además, presentaba otros golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. La principal hipótesis de los investigadores fue que lo mataron en otro lugar y arrojaron el cuerpo en el basural.
La última persona que habló con la víctima fue su yerno, en la tarde del 23 de diciembre. “A las 19:30 me dijo ‘tengo que hacer un par de cosas, ahora te hablo’. El perito forense dice que falleció a la tarde noche de ese día”, contó el familiar en una nota con Crónica días después de que hallaran el cuerpo.
La familia reconstruyó que su desaparición se produjo entre las 19:30 y las 21 hs, luego de salir de la casa de unos conocidos, en la calle Cavalli y Dellepiane.
A pesar de los esfuerzos de la Unidad Funcional de Instrucción y las fuerzas de seguridad locales, hasta el momento no ha sido posible identificar a los autores del homicidio. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, aunque el caso sigue siendo un enigma sin resolver. A la fecha, la falta de pistas concretas ha dificultado la búsqueda de los responsables.
Por ello, el Ministerio de Seguridad decidió tomar una nueva medida. Según la Resolución 422/2025, la recompensa por información que permita dar con los responsables del asesinato ha sido aumentada significativamente: de tres millones de pesos se ha incrementado a diez millones, una cifra que busca incentivar a posibles testigos o personas con información relevante para que se presenten ante las autoridades.
La normativa detalla el proceso para recibirla. Las personas con información pueden contactar al Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134. El pago de la recompensa se efectuará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar determinado por las autoridades competentes. Además, se ordena a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales colaborar activamente en la difusión del caso.
El hombre, padre de dos hijas, se había mudado a la zona en 2019, luego de recuperar su libertad. Colaboraba con un concejal de la zona y trabajaba en la coordinación de una cooperativa laboral en los barrios Las Praderas y San Cayetano. “La gente lo conocía y sabía que logró revertir su pasado”, aseguró su yerno.
Cayeron dos prófugas por las que ofrecían 5 millones de pesos de recompensa
En octubre de 2023, un hombre fue secuestrado en Sáenz Peña, Tres de Febrero, por un grupo compuesto por tres mujeres y dos delincuentes armados. Durante el secuestro, las mujeres hicieron pasar desapercibido su rol y, bajo amenaza, forzaron a la víctima a entrar en su hogar, donde lo retuvieron mientras exigían un rescate.
Un año y cinco meses después, las fugitivas Bárbara Solange Zeballos y Ludmila Nahir Luna, acusadas de ser cómplices del secuestro, fueron arrestadas en Paraguay tras una operación internacional.
Las investigaciones señalaron que Zeballos y Luna facilitaron el secuestro y participaron en el robo de objetos en la casa de la víctima.
En septiembre de 2024, se emitieron órdenes de captura por parte de la justicia argentina, y el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de cinco millones de pesos.
Después de su detención en Paraguay a principios de este mes, ambas fueron expulsadas a Argentina y puestas bajo custodia en Buenos Aires, donde enfrentan cargos de secuestro extorsivo agravado y robo con armas. Actualmente, se encuentran en proceso judicial, con sus teléfonos celulares siendo incautados como parte de las diligencias.
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