El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 de La Plata condenó a 13 años de prisión a Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”, por dirigir desde la cárcel federal de Ezeiza una organización criminal que traficaba partes de armas de guerra y explosivos desde el exterior para su venta a bandas narcocriminales de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
La sentencia fue dictada por los jueces Nelson Jarazo, Germán Castelli y José Michilini, quienes lo hallaron culpable de liderar una asociación ilícita entre 2016 y 2021 dedicada al contrabando, la tenencia ilegal de armamento militar y la fabricación clandestina de armas de fuego.
La fiscalía estuvo representada por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero, con la intervención del fiscal general Marcelo Molina y la auxiliar fiscal María Laura Ustarroz.
Además de Mario Segovia, fueron condenados su hermano Hernán Jesús Segovia (47), policía de Santa Fe, a 8 años y 6 meses de prisión; su hijo Matías Segovia (25), a 5 años y 6 meses; su cuñado Gonzalo Rodrigo Ortega (39), a 7 años y 6 meses; y Ezequiel Hernán Bergara (34), a 5 años.
Todos recibieron también multas de 10.000 pesos, inhabilitación comercial por 5 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena para ejercer cargos públicos, además del pago de las costas del proceso.
El tribunal declaró reincidente a Mario Segovia, quien ya cumple una condena de 17 años y 6 meses de prisión por tráfico internacional de efedrina y pseudoefedrina, pena que finalizará en 2026.
La nueva condena se suma por el accionar desde el penal, donde, según la acusación, impartía órdenes para importar de contrabando componentes del fusil semiautomático AR-15 y explosivos.
Los jueces también ordenaron el decomiso y destrucción del arsenal secuestrado, y fijaron el 3 de junio a las 17 como fecha para la publicación de los fundamentos de la sentencia.
Según la acusación presentada por Diego Iglesias y Patricia Cisnero, la banda liderada por Segovia operó desde septiembre de 2016 hasta julio de 2021, y su centro de mando estaba en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Desde allí, Segovia coordinaba la recepción, ensamblaje y distribución de armas de guerra, explosivos y materiales para la fabricación de armamento, que eran ofrecidos a organizaciones narcocriminales radicadas en Rosario, como las lideradas por Ariel Máximo “Guille” Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Julio Rodríguez Granthon.
La mecánica criminal se basaba en el contrabando de partes sueltas de armamento y explosivos a través de encomiendas internacionales, que eran recibidas en distintos domicilios del país por los integrantes de la organización que permanecían en libertad.
Estas piezas eran luego ensambladas para formar armas completas, como el fusil AR-15, de uso militar, y ofrecidas a grupos delictivos.
Parte clave del funcionamiento de la banda fue el hackeo de cuentas de correo electrónico institucionales del gobierno de Formosa. Según la investigación, Matías Segovia y otros miembros de la organización accedieron de forma ilegal a dos casillas de correo con dominio@formosa.gov.ar pertenecientes a docentes de esa provincia. Usaron esas cuentas para hacerse pasar por funcionarios y adquirir armamento a una empresa canadiense que solo vendía a agencias estatales.
Una de las primeras señales que dio inicio a la causa fue el hallazgo, en septiembre de 2016, de una encomienda interceptada en el aeropuerto de Luque, Paraguay, que contenía componentes para fabricar explosivos escondidos en objetos comunes como carpetas y libros.
El paquete, enviado desde Canadá, tenía como destinatario a uno de los visitantes frecuentes de Segovia en la cárcel de Ezeiza, y debía ser introducido al país por una azafata de una empresa de transporte internacional de pasajeros.
La identificación de la organización se consolidó cuando Matías Segovia cometió un error técnico: tras usar un software VPN para evitar el rastreo de su conexión, accedió a una de las cuentas hackeadas desde un cibercafé en una estación de servicio de Rosario.
La detección de esa dirección IP permitió a los investigadores seguir sus movimientos, identificar a otros cómplices y confirmar el uso de encomiendas para importar partes de armas.
En los operativos de seguimiento, los investigadores detectaron que los domicilios vinculados a los miembros de la banda recibían con frecuencia envíos internacionales, y que la basura domiciliaria contenía envoltorios de encomiendas y trozos de cables compatibles con los utilizados para armar explosivos.
La Dirección General de Aduanas emitió entonces un alerta aduanero para notificar a la justicia cada vez que llegara un paquete a nombre de los investigados, lo que facilitó la inspección de los contenidos y permitió descubrir las piezas del fusil AR-15 y otros elementos bélicos.
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