Un hombre de 43 años fue detenido este martes por la noche en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de agredir a un periodista del canal TN mientras cubría una manifestación en inmediaciones del Congreso de la Nación. La captura se concretó tras un análisis de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar al sospechoso.
El agresor fue identificado como David Gabriel Olivera, oriundo de La Matanza. Según fuentes policiales, el ataque ocurrió mientras el periodista realizaba una cobertura en vivo. Olivera habría golpeado al cronista por la espalda antes de retirarse del lugar.
El procedimiento de detención fue llevado a cabo por la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Tras interceptarlo en la avenida de Mayo y Santiago del Estero, los efectivos secuestraron una bandera argentina que Olivera tenía en su poder y que coincidía con la que portaba en las imágenes del ataque.
La detención se produjo a las 21:10, luego de que el personal policial analizara las grabaciones de seguridad para rastrear al sospechoso. Según un informe oficial, el operativo fue supervisado por el comisario José María Bramati.
“Personal de esta División realizó la detención del masculino antes mencionado, quien momentos antes había agredido físicamente al periodista del canal televisivo TN”, señala el parte.
Tras el arresto, Olivera fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. No se han brindado detalles sobre la causa judicial ni las posibles imputaciones.
Las autoridades indicaron que se ampliará la información a medida que avance la investigación.
Posibles cargos para el detenido por la agresión al periodista
David Gabriel Olivera podría enfrentar diferentes cargos penales según el Código Penal argentino. Uno de los posibles delitos que se le podrían imputar es el de lesiones, contemplado en el artículo 89 del Código Penal, que establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes causen daño a la salud o al cuerpo de otra persona.
Además, en caso de que Olivera haya resistido a la detención o haya ejercido violencia contra los agentes de seguridad, podría ser acusado de atentado o resistencia a la autoridad, delitos tipificados en el artículo 237 del Código Penal. Este artículo contempla penas de un mes a un año de prisión para quienes utilicen fuerza o intimidación contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Las autoridades aún no han confirmado qué calificación legal tendrá el hecho ni si se le imputarán ambos delitos. La causa se encuentra en investigación, y se espera que en las próximas horas se determine la responsabilidad penal del acusado.
El operativo frente al Congreso evitó otra jornada de enfrentamientos
Para evitar las escenas de violencia y represión que caracterizaron el miércoles pasado se dispuso un vallado alrededor del Congreso. Las divisiones metálicas fueron claves para cumplir ese objetivo: las fuerzas se mantuvieron detrás de las vallas y los manifestantes coparon la plaza y las avenidas que la rodean. Esa decisión, sumada a la de suspender -por hoy- el protocolo antipiquetes, fue central para que el operativo de seguridad resultara exitoso.
A lo largo de toda la manifestación se notó la presencia de adultos mayores. La represión de la última protesta no los desalentó a salir nuevamente.
Si algo empañó lo que fue una marcha tranquila, fueron los violentos marginales que quedaron entre ese último remanente de la protesta. A última hora atacaron el vallado de la avenida Entre Ríos con patadas y a los empujones. Lanzaron botellazos y proyectiles. Una chica de no más de 25 años llevó un desodorante y un encendedor, y empezó a lanzar fuego en dirección hacia las fuerzas, que se colocaron en posición para avanzar ante la amenaza.
Minutos después, alguien avisó que la brigada motorizada de la Policía Federal se estaba desplazando por las calles aledañas hacia los accesos a la Plaza del Congreso. Recién ahí empezó la dispersión de los que quedaban.
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