Un video de seguridad y testimonios clave han puesto en el centro de la escena a dos agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe, acusados de haber facilitado el asesinato de Agustín De La Encina Cappelletti, un recluso de 26 años que cumplía condena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. El crimen ocurrió el pasado 13 de enero en un pabellón destinado a internos de perfil intermedio. La víctima fue atacada con golpes y armas blancas por un grupo de presos, en un hecho que la Fiscalía calificó como un plan premeditado.
De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Patricio Saldutti, los agentes Julián Aguirre y Gustavo Raimondi habrían abierto las puertas de la celda de De La Encina para permitir el ingreso de los agresores. El juez Fernando Sosa validó la imputación y dictó prisión preventiva por el plazo máximo para ambos, bajo los cargos de homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas y abuso funcional, en calidad de partícipes primarios.
La Fiscalía presentó como evidencia un video que muestra a los agentes penitenciarios dialogando con el delegado del pabellón 6 antes de abrir la celda de la víctima. Según detalló el portal Rosario3, la celda solo podía ser abierta desde el exterior, lo que refuerza la hipótesis de que los imputados facilitaron el ataque. Además, se investiga si los agentes recibieron algún tipo de compensación económica por su participación, ya que un testimonio de identidad reservada aseguró que existió un pago.
El fiscal Saldutti describió el hecho como un ataque meticulosamente planificado, en el que se distribuyeron tareas entre los involucrados. Según la reconstrucción de los hechos, a las 17:22 de ese día, dos internos agredieron a De La Encina con golpes y armas blancas, obligándolo a ingresar a una celda de seguridad. Minutos después, Raimondi abrió la puerta del patio externo del pabellón, permitiendo el ingreso de más agresores. Posteriormente, Aguirre dejó completamente abierta la puerta del patio interno, lo que facilitó que un grupo mayor de internos accediera al lugar y atacara mortalmente a la víctima.
Agustín De La Encina Cappelletti no era un preso común. Su historial delictivo comenzó en 2021, cuando fue detenido con 700 gramos de cocaína en un departamento de Rosario. Desde entonces, su nombre apareció vinculado a diversas causas relacionadas con el narcotráfico y la violencia.
En octubre de 2023, su situación judicial se agravó cuando una investigación del fiscal Gastón Ávila lo señaló como el instigador de un intento de asesinato contra una mujer llamada Maia, quien sobrevivió a un ataque con cuatro disparos en marzo de ese año. Según la causa, De La Encina habría contratado a sicarios desde la cárcel para ejecutar el ataque, motivado por una deuda relacionada con la venta de drogas.
El testimonio de Maia, junto con el análisis de antenas telefónicas y declaraciones de testigos, fue clave para vincular al recluso con el intento de homicidio. La jueza Verónica Lamas González dictó prisión preventiva sin plazos para De La Encina el pasado 6 de octubre, cerrando cualquier posibilidad de una salida en el corto plazo.
De La Encina también estuvo implicado en una red de narcotráfico desmantelada en el marco del operativo “Jackpot” de la División Antidrogas de la Policía Federal. En julio de 2024 se incautaron 32 kilos de cocaína en San Pedro, Buenos Aires, vinculados a la organización del recluso. Los paquetes de droga llevaban el número “777”, un código asociado al narcotráfico según la DEA.
La investigación reveló que De La Encina mantenía comunicaciones frecuentes con Yanina Alvarado, hermana del capo narco Esteban Lindor Alvarado, quien cumple condena por liderar una estructura criminal en Rosario. Según los fiscales federales Santiago Alberdi y Matías Mené, Alvarado delegaba la logística del transporte de drogas en De La Encina, quien operaba desde la cárcel.
El operativo también expuso la relación del recluso con otros actores, como Ayelén Alarcón, presunta encargada de manejar sus negocios desde el exterior, y los hermanos Misael y Fernando R., transportistas detenidos con el cargamento de cocaína en una estación de servicio en San Pedro.
El pabellón donde ocurrió el crimen está habitado por internos vinculados a la organización de Esteban Alvarado, lo que sugiere un contexto de disputas internas entre grupos criminales.
La Fiscalía continúa analizando los teléfonos celulares de los imputados para determinar si existen más pruebas que los comprometan.
Mientras tanto, las autoridades buscan identificar a los autores materiales del ataque, quienes, según las imágenes de las cámaras de seguridad, serían varios internos del pabellón 6.
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