La Justicia de Rosario reanudó este jueves las audiencias contra los diez policías del Comando Radioeléctrico de la mencionada ciudad santafecina, acusados de allanamiento ilegal, detenciones arbitrarias y robo, por los que fueron detenidos en diciembre pasado. A su vez, la fiscalía amplió las acusaciones al atribuir seis casos más de similares características.
Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci, quienes se encuentran al frente de la investigación que atribuye a los oficiales la realización de operativos ilegales en domicilios particulares y comercios en los que los agentes robaron y golpearon a las víctimas, solicitaron a la jueza la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
Dicho pedido recaería sobre todos los implicados identificados como Luis Alberto P. —jefe de tercio—, Marcelo Gabriel B., Gastón M., Brian Facundo P., Jaquelina R., Stella Maris C., Agustín M., Melani P., Gisela Lorena N. y María Eva T.
Los hechos, cometidos entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, abarcan 14 episodios documentados en una investigación que revela patrones sistemáticos de abuso y falsificación de procedimientos oficiales. En la audiencia celebrada este jueves, Caterina y Bartocci ampliaron las imputaciones contra los agentes al incluir seis nuevos casos en la causa, reforzada por pruebas como registros de GPS de patrulleros, audios de llamadas al 911, videos de las víctimas y testimonios.
Posteriormente, la magistrada María Melania Carrara, resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta este viernes a las 8, donde será el turno de las exposiciones de las defensas de los agentes y la posible declaración de los acusados, tal como lo indicó el portal Aire Digital.
En octubre de 2024, un allanamiento ilegal en el barrio Puente Gallego resultó en el robo de seis millones de pesos y otros bienes de una despensa, según detallaron los fiscales.
Los agentes, que plantaron un arma en la escena para justificar su accionar, fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de irregularidades graves en la redacción de las actas del procedimiento. Por el hecho, una mujer estuvo presa durante 90 días, después de la acusación penal, y varias personas que estaban en el negocio, habían sido golpeadas por los efectivos.
En diciembre del mismo año, el líder de la banda, Luis P. —quien acumulaba 14 causas por abusos de autoridad y falsificación de información— y Jaquelina R., ingresaron a una vivienda en el barrio Tío Rolo, plantaron armas y detuvieron a un joven, quien fue liberado al día siguiente tras denunciar el operativo ante Asuntos Internos. Según se conoció sobre jefe del tercio Beta del Comando Radioeléctrico,
Como parte de la acusación, se puso en consideración el hecho cometido en el barrio Santa Lucía en agosto de 2023, cuando el jefe y otros agentes ingresaron sin autorización a una vivienda vacía vinculada a una balacera previa. La fiscal señaló que los policías forzaron la puerta trasera, desconectaron cámaras de seguridad y robaron equipos electrónicos, justificando su accionar con un acta falsa que alegaba la persecución de un sospechoso.
Otro incidente ocurrió en septiembre de 2023, cuando tres personas fueron retenidas contra su voluntad en el barrio Gráfico. Tres de los implicados, sustrajeron mercadería, ropa de cama y otros bienes, además de causar destrozos. Las víctimas pasaron cinco días detenidas antes de que la investigación revelara que las pruebas contra ellas habían sido fabricadas.
Ante los mencionados hechos, el MPA solicitó prisión preventiva por dos años para los diez agentes, argumentando el riesgo de entorpecimiento de la causa y la gravedad de los delitos cometidos. Durante las cuatro horas de audiencia, los fiscales subrayaron que incluso los agentes con menos imputaciones están involucrados en al menos dos casos, lo que evidencia un patrón de conductas ilícitas sostenidas en el tiempo.
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